Después de que el Gobierno anunciara el cambio del equipo de abogados que defiende a Colombia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda que queda por resolver, de las tres que radicó Nicaragua, que tiene que ver con la pretensión de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas, ayer la senadora Yenny Rozo, del Centro Democrático, presentó una proposición para que sea citado el canciller Álvaro Leyva con el fin de que explique si habrá cambios en la estrategia por parte de los nuevos agentes.

La parlamentaria Rozo dijo a Semana que “nos cambiaron los agentes que nos defendían ante Nicaragua y solo quedan 41 días para que se pueda armar de nuevo ese proceso y para que los nuevos abogados lo conozcan y nos defiendan”.

Queda pendiente por establecer la fecha para realizar este debate de control político, en el cual el canciller no solamente debe explicar cómo avanza el litigio con Nicaragua, sino las razones por las cuales el Gobierno tomó la decisión de cambiar el equipo de agentes que llevaba años al frente de la defensa de Colombia en este caso, integrado por el abogado y exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta, quien oficiaba como agente, y el exmagistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda, quien fungía como coagente.

Tanto Arrieta como Cepeda presentaron la renuncia a sus funciones una vez que se instaló el nuevo Gobierno, esto con el fin de dejarlo en libertad de que decidiera ratificarlos o designar un nuevo equipo, y sucedió esto último.

No obstante, el Gobierno mantuvo el grupo de abogados internacionales que acompañaban a Cepeda y Arrieta en esta labor ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, quienes son Michael Reisman y Rodman Bundy (Estados Unidos); Jean-Marc Thouvenin (Francia); Laurence Boisson (Francia-Suiza) y Sir Michael Wood (Reino Unido).

El nuevo equipo que designó el Gobierno en el caso del litigio iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013, ante la Corte Internacional de Justicia, está integrado por Eduardo Valencia-Ospina, como agente, de quien dijo la Cancillería que “es uno de los juristas en Colombia más versados en el derecho internacional y en asuntos de la Corte Internacional de Justicia.

Como coagentes fueron designados Carolina Olarte Bácares, nueva embajadora de Colombia ante los Países Bajos y con maestría en derecho internacional; y Elizabeth Taylor Jay, bióloga y física, y quien es raizal de Providencia.

También fueron designados, como asesor, Gabriel Cifuentes Ghidini, con práctica ante la Corte Penal Internacional; y como coordinador especial, Andrés Villegas Jaramillo, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores para asuntos ante la Corte Internacional de Justicia.

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El proceso

En el año 2001 el gobierno de Daniel Ortega demandó ante la Corte de La Haya reclamando soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a pesar de que mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1929 reconoció que es territorio colombiano.

En 2012 la Corte dictó un fallo en donde mantuvo la soberanía de Colombia sobre este archipiélago, pero como no existía límite marítimo decidió trazarlo. Ello significó que perdiéramos más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar.

Luego en 2013 el país centroamericano presentó dos demandas más: una por el supuesto incumplimiento de Colombia en aplicar el fallo del 2012 y, la otra, reclamando el supuesto derecho de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas a partir de su costa. Ello le permitiría ganar más aguas colombianas.

En abril pasado la Corte Internacional de Justicia profirió un fallo sobre la demanda de Nicaragua alegando supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, en el cual Colombia ganó en algunos aspectos, entre otros, que este Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre el cumplimiento o no del fallo del 2012; además, se conservó la integridad e indivisibilidad del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, y todas las islas que lo conforman.

Sin embargo, en el fallo la Corte determinó que “Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”.

Entonces solo queda por resolver la demanda sobre la plataforma continental, para lo cual la Corte citó a los dos países a las audiencias orales que se llevarán a cabo en diciembre próximo.

En febrero de 2019 se desarrolló en la Corte la parte escrita de esta demanda, en donde los dos países presentaron sus argumentos.

Colombia sostuvo que la reclamación nicaragüense por una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y, como tal, al no darse los presupuestos necesarios, no procede una delimitación de plataformas continentales como lo busca Nicaragua y la Corte debe rechazar su pretensión.