Por el momento sólo es aplicada a los congresistas y desaparece al terminar el periodo para el cual fue escogido o por un fallo del Consejo de Estado.

La figura de la pérdida de investidura, que hoy opera para los congresistas, debería ser extendida a los gobernadores y alcaldes, señaló el director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia Pablo Bustos Sánchez.
Actualmente las acciones contra los mandatarios regionales por inhabilidades o irregularidades en la elección son tramitadas ante el Consejo de Estado, en tanto que la Procuraduría General de la Nación se ocupa de las investigaciones en materia disciplinaria.
“El asunto es que no hay un control directo, ágil, para disciplinarlos de cuenta de la ciudadanía, o sea toca solicitarle a la Procuraduría, toca acudir a otros mecanismos más indirectos, pero no hay un mecanismo directo que permita llevarlos a los tribunales judiciales para que allí sean sancionados o se determine si son inocentes”, explicó Bustos.
Añadió que en las actuales condiciones muchos mandatarios son sancionados en el momento que ya han terminado su periodo de cuatro años o, incluso, después de que han dejado el cargo. “Muchas de las sanciones, y suele ocurrir, muchos de los sancionados y los investigados terminan siendo sancionados una vez sus periodos concluyen, cuando se vuelven realmente inanes las mismas, salvo en casos realmente excepcionales. Entonces el problema es que la ciudadanía termina desamparada y las faltas cometidas quedan sujetas a procesos demasiado largos y demasiado formales que no permiten adoptar las medidas en tiempo real, preventivas o correctivas, pero rápidas”.
En ese sentido el director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia indicó que extendiendo la figura de la pérdida de investidura a gobernadores y alcaldes se daría “celeridad a las decisiones, certeza judicial frente a las mismas. En el caso de Samuel Moreno, por ejemplo, terminó el período y todavía no hay una decisión disciplinaria y sin saber qué pasa frente a la Justicia”.
Agregó que la pérdida de investidura para mandatarios regionales daría certeza jurídica tanto para la ciudadanía como para el propio investigado, y luego haría más serio el ejercicio de la función pública en la medida en que “quien la haga la paga, no como ahora que no se cumplen las sanciones y se usa la prolongación del respectivo mandato para obtener beneficios personales y con ellos inclusive hasta negociar con los órganos que le estén vigilando. Entonces las sanciones terminan siendo nimias y se entorpece inclusive esa investigación, y las entorpecen las respectivas administraciones en el caso de los gobernadores”.
Bustos fue uno de los pioneros del ejercicio de control social y de veedurías ciudadanas en Colombia, desde hace cerca de 15 años.
En ese tiempo por sus demandas y de la Red de Veedurías han sido destituidos o perdido la investidura más de 50 personas, entre congresistas, concejales y ediles.
Al respecto Bustos Sánchez explicó que la mayoría de las demandas que se presentan contra estos servidores públicos es “por tráfico de influencias, pero más por la violación al régimen de incompatibilidades, particularmente los miembros de corporaciones de elección popular. Entonces aquí encontramos falencias muy importantes, es eso lo que nos lleva a nosotros a pensar en la importancia de que en lugar de ablandar los mecanismos de judicialización, investigación y sanción, penal y disciplinaria de los parlamentarios, sean inclusive más severos”.
En ese punto Bustos hizo referencia al proyecto de reforma a la Justicia, que ya cumplió su primera vuelta en Senado y Cámara, y está a la espera de seguir con su trámite legislativo a partir de marzo, cuando el Parlamento retorna a sesiones. “Ahorita estamos es enfrentando una contrarreforma en la parte judicial y una contrarreforma también en la parte disciplinaria, que quieren disminuirse a través de la reforma a la Justicia las sanciones de pérdida de investidura para graduarlas y arrebatarle a la Corte, inclusive, una segunda instancia cuya pertinencia no es muy clara, cuya composición no es muy clara, pero más aún han avanzado en procesos que nada tienen que ver, digamos, con el tema del respeto de la dignidad de lo público, como es echar por el suelo el mandato de la Constitución del 91”.

Veedurías
Bustos Sánchez considera que a pesar de la importancia de la veedurías para que la ciudadanía se apropie de la defensa de lo público, no hay las suficientes garantías para su ejercicio.
“Nosotros en términos generales creemos que están por construirse esas garantías en el Estado colombiano y los entes territoriales para poder ejercer de cabal forma el ejercicio de control social y de veedurías ciudadanas que nosotros hemos instaurado, aupado y desarrollado en el país por más de 15 años”.
Añadió que realizar veeduría en Colombia es una labor titánica, “en realidad existen unas asimetrías tanto en las entidades públicas como en los órganos de control y el aparato judicial mismo, aún el electoral, para poder realizar cabalmente nuestra gestión”.
Agregó que “de todas maneras, a pesar de que logramos que se expidiera una Ley, 850 de 2003 de Veedurías Ciudadanas, de la cual fui yo el redactor, hemos venido contando inclusive con hostigamientos, persecución inclusive judicial, no existe receptividad en los órganos de control y el Estado colombiano, a pesar de que nuestro ejercicio como Red de Veedurías en términos generales ha contado con un amplia resonancia y una interlocución importante en los distintos escenarios en donde nos hemos puesto”.
A esas dificultades y falta de garantías para desarrollar el ejercicio de las veedurías ciudadanas, según Bustos Sánchez se suma “que falta un poco de cultura de la participación de cuenta de los servidores públicos y del Estado colombiano. Una política más dirigida a abrirse a la ciudadanía y a rendir cuentas de una manera diaria, no de una manera semestral o anual. A presentar la información y a hacerla más accesible para los ciudadanos”.
No existe una estadística completa de la red de veedurías que hay en el país, aunque un grupo importante de veedores están agrupados en la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia.
En ese sentido Bustos dijo que “nosotros tenemos un proceso de integración creciente pero todavía demanda mucha más articulación, mucho más engranaje, mucha más comunicación, pero eso supone a su vez más recursos económicos y logísticos para poder fortalecerse y darse de una manera mucho más expedita y mucho más ágil, como es de esperarse”.