El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Darío Cadavid Márquez, radicó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para “solicitar un monitoreo al Estado Colombiano con el objetivo de proteger la independencia de las ramas del poder público”.

“Esto se convierte en una pieza de indebida injerencia en las funciones de la rama judicial porque el presidente está condicionando las decisiones de la justicia lo que tengan o no que decidir de las demandas que llegarán al trámite de la reforma pensional, que fue absolutamente ilícito e ilegal en la medida en que se ‘robaron’ el último debate, pues no permitieron la discusión y el presidente hace bastante mal por eso hemos procedido para que el sistema de monitoreo de la CIDH”, dijo Cadavid a EL NUEVO SIGLO.

Esta solicitud, según el representante, “se fundamenta en diversos hechos, pronunciamientos y actuaciones realizadas por el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, que están constituyendo una seria ruptura del orden democrático de nuestro país”.

Ello, a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el evento de sanción de la Reforma Pensional el martes 16 de julio de 2024, en donde dijo que: “"[…] No hay que dejar perderla. Por eso, le solicito a la justicia, desde aquí, que la mire desde los ojos, no del dólar, sino del amor, que es otra manera de medir y puede ser más eficiente y eficaz. Porque la Constitución, cuando dijo Estado social de derecho, y ordenó al Estado, todo, en sus tres ramas, construirlo, como la salida a los problemas más graves de este país, ahora demanda esa respuesta del Estado. Ya la ha dado el Gobierno, la ha dado el Congreso, a pesar del intento de saboteo. Ahora, se necesita de la justicia, una justicia que sepa que justicia es justicia social, que no se le puede arrebatar el derecho a los más débiles de Colombia […]”.

De acuerdo con el representante Cadavid las afirmaciones de Petro constituyen “una vulneración del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que asegura el derecho a un juicio justo e imparcial, así como de diversos instrumentos internacionales que promueven el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político”.

Además, el congresista en la carta señaló que las declaraciones del mandatario “sugieren una injerencia indebida en la independencia del poder judicial, al instar a las Altas Cortes a actuar bajo criterios que no son propios de un Estado de Derecho, sino más bien de una perspectiva subjetiva que podría poner en riesgo la imparcialidad judicial. Y más, cuando la Ley a la cual hace referencia, ha sido demandada por vicios de trámite y violaciones a derechos de la oposición”.

Dicho lo anterior, Cadavid en su petición a la CIDH invocó el artículo 41 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que otorga competencia a la Comisión para:

b) Formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros, instando a la adopción de medidas progresivas en favor de los derechos humanos, en concordancia con sus leyes internas y preceptos constitucionales.

d) Solicitar informes a los gobiernos sobre las medidas adoptadas en materia de derechos humanos.

En ese sentido, el representante solicitó que se establezca una comisión de seguimiento en el Estado Colombiano; cuyo objetivo sería “garantizar que en Colombia no se promueva una confrontación violenta entre las diferentes fuerzas democráticas y que se respeten los principios de independencia de las ramas del poder público: legislativa, judicial y ejecutiva”.

El Estado colombiano debe buscar soluciones institucionales para “resolver los conflictos y diferencias entre las distintas ramas del poder, asegurando así que nuestra Democracia Constitucional, basada en la independencia de poderes, no se vea comprometida”.

Los pronunciamientos del presidente Petro, “sumados a otras acciones y decisiones de su Gobierno, generan una preocupación legítima sobre el futuro de nuestra Democracia y el respeto por los principios de un Estado de Derecho. La función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es crucial en este momento para asegurar que se tomen las medidas necesarias para proteger nuestra democracia y garantizar el respeto a los derechos humanos y a la independencia judicial”.