LA REUNIÓN ayer del presidente Gustavo Petro con la mitad de los gobernadores electos el pasado 29 de octubre, más allá de la controversia sobre la cercanía o lejanía política e ideológica de estos con el gobierno de izquierda, puso de presente uno de los más duros retos a corto y mediano plazos en el país: la armonización de las metas y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, una potencia mundial de la vida” con los enfoques y prioridades de los Planes de Desarrollo de quienes asumirán el 1 de enero en departamentos y municipios.

No es un tema menor. Un plan de desarrollo, ya sea del orden nacional, regional o local, tiene sustento constitucional y legal. Es una norma de obligatorio cumplimiento en la que se trazan los objetivos de gobierno respectivo y sobre la cual entes de control y ciudadanía puede hacer una medición de la efectividad o no de la gestión del presidente de la República, el gobernador o el alcalde.

De hecho, el estatus jurídico de los Planes de Desarrollo se concreta en que cada uno de ellos es aprobado por el Congreso -en el caso nacional- y las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales en cada jurisdicción territorial.

La prevalencia en materia normativa, presupuestal y de ejecución de un Plan se constata en que no solo se señalan los propósitos y objetivos generales de gestión, las metas estratégicas y prioridades específicas en cada área, así como las orientaciones generales en materia política, económica, social e institucional, sino que, además, se aprueba un plan de inversiones públicas consecuente y detallado, con presupuestos plurianuales, cronograma de ejecución y fuentes de financiación.

Visto todo lo anterior, se evidencia que la armonización de los planes de desarrollo entre el Gobierno nacional de turno y los mandatarios regionales y locales, es vital para que el país tenga un solo norte y no haya cortocircuitos ni contradicciones entre los escenarios nacional, departamentales y municipales.

Mandatos dispares

En agosto pasado, tras ser aprobado por el Congreso en el primer semestre, entró a regir el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, que contempla cinco grandes metas: Ordenamiento del territorio alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática; y convergencia regional. Para ello plantea inversiones por 1.164 billones de pesos para el cuatrienio.

Es claro que las prioridades de ese Plan responden a un mandato popular derivado de las elecciones presidenciales del año pasado (en las que Petro ganó por 700.000 votos a Rodolfo Hernández). Sin embargo, en los comicios regionales y locales del 29 de octubre fue evidente, acorde con el origen partidista e ideológico de los mandatarios electos en gobernaciones y alcaldías, así como el mapa político en asambleas, concejos y juntas administradoras locales, que hubo un voto castigo a la accidentada gestión del gobierno Petro en sus primeros 15 meses en el poder.

De hecho, los mandatarios de izquierda e independientes, elegidos en 2019, no pudieron proyectar un sucesor, en tanto que el Pacto Histórico y la Alianza Verde, principales componentes de la coalición política petrista, fueron los grandes derrotados en las urnas.

En ese orden de ideas, resulta innegable que el mandato popular que inspiró el vigente Plan Nacional de Desarrollo choca con el mandato popular expresado en las recientes elecciones y que, por virtud del voto programático y la obligación de los gobernadores y alcaldes entrantes de cumplir lo que prometieron en campaña, debe reflejarse en los Planes de Desarrollo que presenten a sus respectivas asambleas y concejos en el primer semestre de 2024, con miras a que sean aprobados antes de junio.

No hay que perder de vista que el 1 de enero venidero al gobierno Petro le estarán restando un poco más de dos años y medio de mandato, mientras que los gobernadores y alcaldes apenas sí comenzarán su periodo cuatrienal, lo que marca otro elemento clave en torno a la dificultad de acompasamiento del Plan de Desarrollo nacional y el de los mandatarios entrantes que, en su mayoría, provienen de partidos y movimientos de centroderecha.

En el gobierno Duque también se presentó esa contradicción política e ideológica entre la esfera nacional de centroderecha y los gobiernos de izquierdas en algunas de las principales alcaldías. Sin embargo, la irrupción de la pandemia apenas dos meses después de que arrancaran los gobiernos territoriales y locales neutralizó muchas de las diferencias, pues la prioridad de todo el país, bajo la batuta de la Casa de Nariño, fue contener la crisis sanitaria, lo que impuso la agenda a todo nivel por más de dos años.

Aun así, hubo muchos choques funcionales y de políticas entre Duque y algunos alcaldes y gobernadores de izquierda, sobre todo en materia de seguridad, orden público y respuesta al desborde violento de la protesta social.

Distintos enfoques

Resulta evidente que el énfasis en corregir la política de seguridad y orden público fue central en la mayoría de propuestas de los gobernadores y alcaldes electos. Un énfasis claramente dirigido a que en departamentos y municipios se dé un timonazo a las políticas que sobre la materia ha implementado Petro en 15 meses y que han conllevado a un aumento crítico de la violencia regional y local.

De igual manera, es innegable que la ciudadanía apoyó el 29 de octubre a muchos candidatos que advirtieron los riesgos de la accidentada política de “paz total”, sobre todo por los vacíos e incumplimientos de los grupos ilegales en los acuerdos de cese al fuego, las propuestas de flexibilización normativa para disminuir el castigo carcelario a los delincuentes e incluso una descalificación directa a iniciativas polémicas del Ejecutivo, como aquella de dar un millón de pesos a los jóvenes para que no delincan…

En el tema de subsidios y otras asistencias sociales -directas e indirectas- también hay diferencias estructurales entre lo que propone el Gobierno nacional y lo que plantearon en campaña muchos gobernadores y alcaldes electos.

El Ejecutivo impulsa un esquema de ampliación de las transferencias monetarias directas a la población vulnerable, con un esquema asistencialista muy marcado, mientras que muchos mandatarios entrantes consideran que, dado su mayor conocimiento de las realidades territoriales, debe haber mayor intermediación y participación de las administraciones departamentales y municipales en este tipo de mecanismos y presupuestos billonarios. Es claro, aquí, que en el fondo existe la intencionalidad -política y electoral hacia el 2026- de la Casa de Nariño en cuanto a asegurarse de que la población sepa que esos apoyos los da el Gobierno nacional y no las gobernaciones o alcaldías.

Ese pulso de competencias, iniciativa, gestión y destinación de recursos entre el ámbito nacional y los ejecutivos territoriales también se extiende a otros campos y expectativas de los nuevos gobernadores y alcaldes en materia de reforma tributaria jurisdiccional, ajustes al Sistema General de Participaciones (que señala las transferencias presupuestales del Gobierno Nacional Central a las regiones), uso y focalización de las regalías, construcción de cárceles, inversión en infraestructura, activación de las áreas metropolitanas, reingeniería a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), implementación de políticas contra cambio climático, reparación a víctimas del conflicto, entrega de tierras a campesinos, reindustrialización y norte agropecuario, así como el impacto de los proyectos de reforma gubernamental que tramita el Congreso en materia de salud, pensiones, laboral y de educación en los ámbitos departamentales y municipales…

Incluso, hay mandatarios entrantes que advierten el riesgo de que en aquellos departamentos y municipios en donde el Ejecutivo considere ‘rivales políticos y electorales’ a los mandatarios locales, tanto el presidente como sus ministros y altos funcionarios traten de saltarse a las administraciones territoriales, como ha ocurrido ya con algunos de los gobernadores y alcaldes salientes a los que ni siquiera los invitan a los eventos de “Gobierno Escucha” que Petro realiza rutinariamente en distintas zonas del país.

Como se ve, más allá de la quisquillosidad política y electoral derivada del nuevo mapa de poder territorial marcado por los comicios del 29 de octubre, el gran reto del país es aterrizar un acompasamiento real, funcional y efectivo entre el mandato popular de un Plan Nacional de Desarrollo que ahora, en las urnas regionales y locales, las mayorías descalificaron y castigaron. Gajes de la realpolitik.