Tras cumplir cien días el gobierno Petro esta semana, su política de “paz total” empieza a tomar ritmo. Sin embargo, en cada uno de los flancos que tiene esa estrategia asoman una serie de retos y complejidades que pondrán a prueba, más temprano que tarde, la eficacia de una hoja de ruta en la que no solo se hablará con facciones ilegales a las que se les reconoce estatus político, sino con otros grupos armados, desde residuales de las Farc hasta bandas criminales de amplio espectro y narcotraficantes, a los que se les ofrecerá una opción de sometimiento a la justicia.

Tras los intensos debates, en los que la oposición advirtió que se estaba abriendo una nueva puerta a la impunidad, las mayorías gobiernistas en el Congreso aprobaron a comienzos de este mes el proyecto de reforma a la Ley 418, que fija los procedimientos para adelantar contactos con grupos ilegales con miras a buscar su desarme y la recuperación de la paz, seguridad y orden público. Casi de inmediato (el 4 de noviembre) el Ejecutivo sancionó la norma.

“Se ha renovado la regulación que les permite a los gobiernos construir negociaciones con quienes están al margen de la ley, para conquistar el sueño de la Paz Total en Colombia… Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas… Habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen”, dijo el jefe de Estado.

Ya con este marco legal en vigencia, el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien ha venido, calladamente, adelantando intensos contactos con la guerrilla del Eln, así como con las disidencias y reincidencias de las Farc, al igual que con no menos de 22 bandas criminales y narcotraficantes en todo el país, puede empezar a aterrizar y formalizar cada uno de esos frentes.

De hecho, esta semana que comienza debe arrancar el proceso de paz del gobierno Petro con el Eln, que se considera el ‘banderazo’ oficial para la aplicación práctica de la política de “paz total”.

Ya está todo listo: manifestación oficial de voluntad de retomar la agenda del proceso que se venía desarrollando con el gobierno Santos hasta agosto de 2018, reconocimiento de estatus político a esa guerrilla, escogencia de sedes y países garantes, protocolos marco del proceso, levantamiento de órdenes de captura y la designación la semana pasada de los equipos de negociación.

‘Pablo Beltrán’ será el jefe de la delegación insurgente, en tanto que Otty Patiño, guerrillero desmovilizado del M-19 en 1990, la misma facción en la que militó el presidente Petro hasta su reingreso a la legalidad por los mismos tiempos, liderará la comisión gubernamental. Lo acompañarán, entre otros, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, hija del asesinado candidato presidencial y jefe reinsertado del mismo grupo subversivo Carlos Pizarro; el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y la mayor sorpresa: el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, reconocido dirigente gremial de centroderecha, de clara tendencia uribista, muy crítico de la izquierda pero quien semanas atrás había firmado con el actual jefe de Estado un acuerdo para que este sector del agro haga parte de los que le venderán al Estado más de tres millones de hectáreas de tierras productivas para ser repartidas entre los campesinos más pobres.

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Este será un proceso largo. El Eln ha estado en varias negociaciones desde finales de los ochenta, en conjunto con otras facciones subversivas (Coordinadora Nacional Guerrillera) o de manera individual.

Esta negociación será más compleja aún. Es la primera vez que en Colombia hay un gobierno de izquierda y, además, encabezado por un guerrillero desmovilizado. También es claro que al Eln no se le ha golpeado militarmente como sí en su momento a la cúpula de las Farc, antes y durante el proceso.

Por los lados del grupo insurgente, ya no está liderado por su jefe de más de tres décadas, ‘Nicolás Rodríguez’, alias ‘Gabino’, quien salió del Comando Central por problemas de salud. El Eln tiene medio pie de fuerza operando en Venezuela con complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Insiste esta guerrilla en hacer un proceso tripartita, que incluya insumos de la sociedad civil; su ahora máximo comandante, ‘Antonio García’, siempre ha dicho que mantener las armas es la garantía para que se cumpla cualquier pacto. Igualmente ratificó que su proceso no tiene nada que ver ni está condicionado a las diligencias del Gobierno con grupos residuales de las Farc, bandas criminales ni carteles; y ahora exigirá que cualquier cesión en lo militar debe ser correspondida por una medida equivalente de la Fuerza Pública… Todos esos elementos harán más intrincado el ritmo de las conversaciones.

El otro flanco

Otro de los frentes de la “paz total” es el referente a cómo abordar los procesos con los grupos residuales de las Farc que, de entrada, ya tienen un tratamiento diferenciado.

Según ha trascendido, el Gobierno estudia reconocerles algún tipo de estatus político a las llamadas “disidencias”, bajo el entendido de que nunca entraron al proceso de paz Santos-Farc. Sin embargo, aterrizar esta tesis jurídicamente no será fácil.

Además, dialogar con las “disidencias” es complejo porque no se sabe cuál es su pie de fuerza ni si realmente tienen una estructura que agrupe a la mayoría de frentes y grupúsculos ex-Farc no reinsertados. Tampoco es claro quién las comanda, ya que tras la muerte (a manos del Eln) de alias ‘Gentil Duarte’ en Venezuela, la jefatura habría recaído en Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, a quien el gobierno Duque dio por abatido. De igual manera, aunque esta facción ya le dijo al gobierno Petro que estaría dispuesta a un cese el fuego, lo condicionó a ser bilateral, un tema muy difícil para el Estado. A lo anterior se suma el hecho de que estas facciones están muy permeadas por el narcotráfico y, además, combaten a muerte con el Eln en Arauca, Catatumbo e incluso en territorio limítrofe venezolano.

En cuanto a las llamadas “reincidencias”, es decir, las compuestas por cabecillas y guerrilleros desmovilizados que traicionaron el acuerdo de paz de 2016 y volvieron a la ilegalidad, ya quedó claro que no se les puede reconocer estatus político directo, pues el propio pacto, que tiene rango constitucional, lo prohíbe.

Así las cosas, al exjefe negociador de las Farc en La Habana, alias ‘Iván Márquez’, y a los demás cabecillas de la llamada ‘Nueva Marquetalia’ (cúpula disminuida tras los asesinatos de alias ‘Santrich’, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’) solo se les podrá ofrecer un mecanismo limitadamente flexible de sometimiento a la justicia, que obviamente no podría implicar cero años de cárcel, como pasa con los desmovilizados de las Farc en 2016, ni tampoco una habilitación para hacer política. Amnistía o indulto tampoco son opciones viables.

Faltaría ver si ‘Márquez’ (quien se recupera del atentado sufrido meses atrás en Venezuela) y compañía aceptan este mecanismo, ya que insisten en que la ‘Nueva Marquetalia’, cuya fuerza militar es toda una incógnita y los frentes que se le conocen están muy narcotizados, es una guerrilla con móvil político y debe ser tratada como tal.

Bandas y narcos

Semanas atrás se indicó que a través de la Oficina del alto comisionado ya se tendrían contactos con más de 22 bandas criminales de alto espectro, muchas de ellas típicamente narcotraficantes, que estarían dispuestas a acogerse a mecanismos de la “paz total”, atraídos sobre todo por la posibilidad de no extradición y un esquema penal y penitenciario flexible.

Es uno de los flancos de la “paz total” más complejos. Se está hablando aquí de delincuencia organizada de alto espectro, bandas del alcance del ‘Clan del Golfo’, con múltiples ramificaciones en narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro, contrabando, desplazamiento forzado, redes de ‘gota a gota’… Son responsables de centenares de homicidios, masacres, ataques a la Fuerza Pública y tienen nexos hasta con los carteles mexicanos… Además, su caracterización es muy difusa y no se sabe si, al final, serán los verdaderos cabecillas los que se sometan a la justicia.

Como se ve, la política de “paz total” ya comenzó a tomar ritmo, pero el panorama aparece cuesta arriba en todos los frentes. Habrá que esperar cómo se desarrolla cada flanco y su viabilidad real.