POR LO general, en todas las elecciones hay controversia por la revocatoria de candidaturas debido a razones legales, sin embargo, la polémica en los pasados comicios regionales fue de marca mayor, al punto que Rodolfo Hernández acudió ante la CIDH pidiendo proteger sus derechos políticos. En entrevista con EL NUEVO SIGLO el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alfonso Campo, defendió las decisiones que tomaron.

Frente a las demandas que algunas personas revocadas anuncian porque consideran que no existía la inhabilidad que encontró el CNE, y por lo cual no pudieron participar en las elecciones del domingo pasado, el magistrado Campo dijo que las decisiones que tomaron respetaron la Constitución y la ley.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evitar que en las próximas elecciones se repita que a última hora se esté revisando la legalidad de inscripciones de candidatos?

ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ: Los tiempos para atender los casos de los que se ocupa el Consejo Nacional Electoral están subordinados al debido proceso. En cada ocasión nos regimos por lo que ordenan la Constitución y la ley, lo que significa que las decisiones entran a depender de los tiempos particulares.

Que no quepa duda que desde el CNE siempre actuamos con responsabilidad y celeridad para responder en esa proporcionalidad temporal.

ENS: ¿Nueve magistrados para resolver un alud de impugnaciones de candidaturas no es disfuncional?

ACM: Reconocemos que nuestra misión de inspeccionar, vigilar y controlar para proteger la democracia demanda la atención voluminosa de casos que se desprenden de todo lo que la ley le permite y prohíbe a quienes eligen o se hacen elegir. Pero nuestro trabajo incluso va más allá, pues entendemos que la democracia no es un tema de centralidad, sino de acercarnos a la gente y hacer presencia en los territorios.

De ahí que sí, es una tarea ardua la que realizamos, pero, junto con nuestros equipos de trabajo y con mucho esfuerzo, dedicación y disciplina sacamos la tarea adelante.

ENS: ¿Debería descentralizarse esta labor? Es decir, que haya tribunales electorales regionales que se encarguen de temas de concejales y diputados

ACM: El CNE está regido por un marco funcional que está subordinado por la Constitución y la ley; en el presente corresponde cumplir la misión respetando integralmente lo que legalmente se señala.

ENS: ¿En qué ayuda la reforma al Código Electoral que revisa la Corte Constitucional frente a todas las falencias de legislación que se evidenciaron en la campaña que acaba de terminar?

ACM: Entendemos que la acción del Legislativo guardó como propósito ajustar la ley para lograr más alcances y abreviar las decisiones. Comprendemos que reformar es también escalar para mejorar.

ENS: ¿Cree que se requiere algún tipo de ajuste a las encuestas?

ACM: Desde el CNE hemos dicho que las firmas encuestadoras deben actuar según exigencias específicas para poderlas certificar; existe un compromiso ético y corporativo de quienes generan mediciones. En ningún caso estas consultas deben generarse para intervenir o manipular la opinión pública.

ENS: ¿Impulsará el CNE un proyecto de reforma electoral ante el Congreso?

ACM: Somos un cuerpo colegiado y en este momento estamos cumpliendo una agenda regida por el calendario electoral. Más adelante se atenderán estos y otros temas que guardan mucha relevancia.

ENS: ¿Es un rey de burlas la norma que obliga a los candidatos a registrar su financiación y gastos en el portal Cuentas Claras, pero que la mayoría no cumple?

ACM: No. Cada proceso debe propiciarse para construir transparencia y cumplirlos. Es y será siempre una exigencia legal.

ENS: Los partidos que han sido multados por no realizar sus convenciones internas, ¿hasta cuándo tienen plazo para cumplir con este requisito?

ACM: No hay un plazo máximo para realizar convenciones internas, cada acto administrativo define el plazo en caso de tenerlo.

ENS: ¿Qué dice frente a las denuncias que hizo el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, a días de ir a las urnas, sobre más de 500 candidatos posiblemente inhabilitados?

ACM: Cada actuación goza de un marco legal, entendiendo que cada uno de esos propósitos se articulan para depurar el proceso en el momento de la vigilancia previa.

ENS: ¿Cuántas peticiones más está estudiando el CNE para otorgamiento de personería jurídica a partidos bajo la tesis jurídica de grave afectación por violencia a sus líderes o militancia?

ACM: El país conocerá oportunamente un informe consolidado sobre cada una de las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, y en su momento daremos a conocer todo lo relacionado con personerías jurídicas.

Varios de estos consolidados son el resultado del trabajo interinstitucional que se produjo para avanzar en el robustecimiento de cada etapa. Una vez todo lo resuelto se presente en versión final, el país podrá conocer cada estado, cada decisión y en detalle.

ENS: Algunos candidatos cuyas inscripciones fueron anuladas anuncian demandas al Estado. ¿Cree que hay riesgo de que la Nación sea condenada por las decisiones del CNE?

ACM: Las decisiones que tomamos en este cuerpo colegiado se cumplieron siempre respetando la Constitución y la ley, y estamos seguros de que actuamos respetando el debido proceso y atendimos los recursos presentados con absoluta responsabilidad.

Esa responsabilidad exige dar una mirada integral para tomar decisiones, e integral significa observar lo que la ley señala. Hoy el país debe saber que acá está un cuerpo colegiado responsable y cumplidor de sus funciones. Hemos ido a las regiones a vivir la democracia para decidir conociendo de cerca lo que la gente ve y vive. Todo se hizo obedeciendo la naturaleza de la ley.

¿Qué trae reforma al Código Electoral?

Está cerca de pronunciarse la Corte Constitucional por el estudio que hizo de la reforma al Código Electoral, que entre los principales aspectos que tiene está el aumento de una hora de votación en las elecciones, hasta las cinco de la tarde; la autonomía administrativa del Consejo Nacional Electoral y el voto electrónico mixto.

De igual forma, la reforma le concede funciones especiales al Registrador Nacional del Estado Civil para nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares en el territorio nacional.