SEGUNDO CAMPANAZO en menos de dos semanas dieron ayer los entes de control en torno a las deficiencias en el mecanismo de protección de los líderes sociales.

Ayer la Procuraduría General exigió al Gobierno nacional revisar urgentemente las acciones y estrategias que vienen adelantando para proteger la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales, así como de los defensores de derechos humanos.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, rechazó los homicidios perpetrados contra esta población en varias regiones del país, al tiempo que señaló que, esta delicada situación ha sido advertida por el órgano de control en diferentes escenarios interinstitucionales.

“En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que fueron priorizados por el Gobierno en el Plan de Emergencia para la atención de este fenómeno, no se observa una reducción en las afectaciones a esta población, lo que nos hace cuestionar la efectividad de esta estrategia”, precisó el funcionario.

Puntualizó que, esta situación aumenta por encontrarnos en un año electoral, “lo que nos indica que las amenazas y afectaciones a los liderazgos sociales son más latentes”.

Otra advertencia

Ya el 24 de marzo pasado, la Defensoría del Pueblo había expresado gran preocupación por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad para líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, entre otros.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomaran decisiones administrativas de carácter urgente, con el propósito de garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección.

Según la entidad del Ministerio Público, era de absoluta relevancia atender de forma inmediata aspectos como fallas mecánicas de los vehículos que se adjudican a las personas protegidas, demoras en el mantenimiento de los mismos o la inexistencia de automotores de reemplazo.

La Defensoría, también denunció retrasos en el sistema de pago de combustibles, así como, que la asignación de recursos para este concepto es insuficiente. Igualmente, alertó que la no exención en la restricción de ‘pico y placa’ para los vehículos asignados en esquemas de seguridad impide las labores sociales que los líderes cumplen en los territorios.

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Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo reclamó acciones urgentes de la UNP a nivel nacional, debido al incremento y constantes reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometidos, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en todo el país. Recalcó que ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida.

“Para la Defensoría del Pueblo la falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas. Por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios”, puntualizó Camargo Assis.

35 asesinados este año

Según Indepaz, organización no gubernamental que lleva un registro actualizado de los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo corrido del 2023, la cifra mortal, con corte al 31 de marzo (el viernes de la semana pasada), ya se elevaba a 35 víctimas.

De igual manera, en cuanto a desmovilizados de las Farc asesinados, las estadísticas de Indepaz señalan que este año ya son cinco las víctimas.

Mientras se producen estas denuncias de los entes de control y aumenta el saldo mortal, las autoridades avanzan las investigaciones sobre la Unidad Nacional de Protección, en donde se indaga sobre la existencia de redes de corrupción al más alto nivel. Incluso, el director de la entidad, Augusto Rodríguez, sufrió un atentado el pasado 8 de marzo en Bogotá, del cual salió ileso.

A ello se suma que conductores y camionetas de la UNP han terminado envueltos en escándalos, recientemente, ya sea porque los vehículos asignados a personas en riesgo fueron descubiertos transportando narcóticos o armas, o porque sus adjudicatarios protagonizan acciones al margen de la ley. También se ha denunciado el robo o incendio de camionetas blindadas.