La Procuraduría General de la Nación solicitó a Parques Naturales Nacionales (PNN), las corporaciones autónomas regionales, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, además de otras autoridades competentes, tomar medidas urgentes que permitan formular desarrollos productivos y actividades sostenibles para la población vulnerable campesina que habita los parques naturales nacionales y regionales.
Con el Memorando 034 de 2022, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios hizo un llamado a garantizar los derechos de esta población vulnerable campesina, debido a la eliminación de la producción ganadera que se adelanta a partir de la cancelación del Registro Sanitario de Predio Pecuario (RSPP) en la lucha contra la deforestación y el cuidado de los bosques.
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Respecto al caso concreto, la Sala sostuvo que el Ministerio del Interior vulneró el derecho a la consulta previa del colectivo étnico.
En efecto, se determinó que la obra a desarrollar por el GEB impactaba directamente a la comunidad indígena, en tanto afecta el hábitat de las especies nativas ubicadas dentro del territorio de la minoría de las cuales deriva parte de su sustento. En consecuencia, las entidades demandadas vulneraron el derecho a la consulta previa de la comunidad accionante al no incluirla en los colectivos étnicos registrados en la certificación N.° 0563 del 17 de octubre de 2019.
Y, del otro, desconoció el derecho al debido proceso de la comunidad en el trámite de certificación de presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia del proyecto a cargo del GEB, entendido como una garantía indispensable del derecho a la consulta previa.
Así mismo, la Corte determinó que la Autoridad Nacional de Consulta Previa vulneró el debido proceso de la comunidad, porque el Ministerio del Interior, a pesar de conocer la existencia del grupo y su ubicación, impidió su participación en la expedición de la Certificación N.° 0563 del 17 de octubre de 2019; omitió estudiar el impacto del proyecto en la comunidad y desatendió los llamados posteriores del GEB que pedían estudiar la situación de la comunidad.