UNA DE las primeras medidas del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, fue eliminar ministerios, tal como lo había prometido en campaña. Con apenas unas horas en el cargo firmó un decreto acabando las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Turismo y Deportes; Transporte; Obras Públicas; Desarrollo Territorial y Hábitat; Educación; Cultura; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Mujeres, Géneros y Diversidad así como el de Justicia y Derechos Humanos, que, en realidad, pasó a denominarse Ministerio de Justicia. Las funciones de las carteras eliminadas fueron trasladadas a las nueve que quedaron finalmente tras la reestructuración.
La decisión del mandatario argentino reabrió el debate sobre qué tan funcional es tener una nómina ministerial muy amplia y especializada en campos de acción específicos o si, por el contrario, termina siendo más eficiente para la administración pública, el ahorro fiscal y el cumplimiento de los objetivos de gestión mantener un gabinete pequeño que formule y coordine las políticas públicas y las implemente a través de entidades adscritas.
En Colombia, por ejemplo, esta es una discusión que se ha dado en muchas ocasiones. Sin embargo, lo cierto es que tras la decisión del entonces presidente Álvaro Uribe, en su primer gobierno, en torno a fusionar algunas carteras, en las administraciones sucesivas se amplió su número.
Hoy el país cuenta con 19 ministerios, ubicándose en los primeros lugares en esta materia en Latinoamérica. Sin embargo, la discusión en torno a la utilidad de varios de ellos sigue a la orden del día.
Por ejemplo, la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad por parte de este Gobierno es una de las mayores controversias. Aprobada la respectiva ley por el Congreso en diciembre pasado y sancionada en enero por el presidente Petro, la reglamentación y estructuración de la entidad aún no termina. De hecho, el 2023 acaba sin que la cartera, cuya primera titular será la vicepresidenta Francia Márquez, haya arrancado en forma, aunque las controversias por su alta carga burocrática, el amplio número de viceministerios y cuáles entidades estarán bajo su mando sigue creciendo semana tras semana.
Sin embargo, el debate de fondo va en la dirección de que no está claro el campo funcional y las competencias de esa cartera. Según la ley 2281 de 2023, el nuevo ministerio tiene como objeto “… diseñar, formular, adoptar, dirigir, coordinar, articular, ejecutar fortalecer y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional, de población vulnerable y de grupos históricamente discriminados o marginados, incorporando y adoptando los enfoques de derechos, de género, diferencial, étnico-racial e interseccional”.
Desde el mismo momento en que se discutió ese ámbito funcional, de facultades y competencias en el Congreso y luego, frente a la reglamentación y estructuración a cargo del Ejecutivo, se advirtió que el objeto de la entidad era muy amplio y transversal a muchos otros ministerios, agencias, institutos, departamentos administrativos y entidades del Gobierno Nacional Central.
Esta compleja circunstancia llevaría a que, en la práctica administrativa, presupuestal y de designación de tareas y objetivos, el Ministerio de la Igualdad tenga una prevalencia funcional sobre muchas otras carteras, lo que seguramente llevará a choques de competencias, conflictos jurisdiccionales, pulsos por asignación de recursos y, sobre todo, duplicidad de funciones y uso inadecuado de dineros públicos.
Pero incluso ese cortocircuito funcional no se da solo entre el gabinete sino frente a la propia Casa de Nariño. Prueba de ello es que el Departamento de Prosperidad Social, que se supone es la entidad base del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, esto porque maneja la estructura de subsidios e inversión social directa en lucha contra la pobreza y exclusión, recibe instrucciones directas del presidente Petro (más ahora que puso al frente a su exmano derecha Laura Sarabia) y no de la vicepresidenta y ministra.
Otras carteras
Pero estos no son los únicos casos. Hay quienes consideran que la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el gobierno Duque, no ha cumplido sus objetivos. De un lado, porque esta cartera continúa siendo la más damnificada a la hora de las asignaciones presupuestales y tampoco ha podido liderar de forma efectiva el uso racional y eficaz de los millonarios recursos que para estos campos tienen destinación específica en las regalías bianuales (31 billones de pesos para 2023-2024).
También resulta claro que no ha podido activar una política estructural, financiera y académica de amplio espectro para que Colombia produzca avances concretos, de conocimiento y valor agregado reales en ciencia, tecnología e innovación, capaces de aplicarse en la generación de productos, bienes y servicios.
Por lo mismo, hay voces que consideran que cuando existía Colciencias había un principio de especialización funcional más definido, que permitía apostar por iniciativas, programas y proyectos de mayor espectro y utilidad. Incluso su efecto era más transversal sobre el resto de las entidades gubernamentales, al servir de entidad técnica y asesora en muchos campos, algo que ahora no es tan tangible.
“… Estos tres campos (ciencia, tecnología e innovación) no deben ser considerados una jurisdicción gubernamental, sino una herramienta multisectorial que apoya y asesora a toda la estructura estatal… La conversión en ministerio no fue equivocada en el papel, pero en la práctica el presupuesto es minúsculo, las iniciativas muy tímidas y, a diferencia de los países más eficaces en la generación de conocimiento y valor agregado, no hay simbiosis útil y rentable con el sector privado”, precisó un alto exfuncionario de la cartera en diálogo off the record con EL NUEVO SIGLO.