DECLARAR DESIERTA una licitación es una decisión común en contratación pública cuando no hay el número suficiente de proponentes o no cumplen los requisitos, incluso si hay fallas en el proceso. Sin embargo, en la que quiso adelantar la Cancillería para elaborar pasaportes, un conjunto de situaciones ha convertido este hecho en uno de los mayores escándalos de la Casa de Nariño, que va rumbo a un pleito judicial que le podría salir caro al Gobierno en lo económico, político y administrativo.

La semana anterior, no prosperó una pretendida conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons en la tercera reunión que promovió la Procuraduría para buscar un acuerdo frente a un proceso que inició esta empresa contra la nación, de conciliación extrajudicial por $ 117.000 millones.

La compañía alega perjuicios y daño reputacional porque en septiembre pasado se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en donde había quedado como único proponente por un contrato cercano a $ 600.000 millones.

Al no lograr Thomas Greg & Sons conciliar con la Cancillería, procedió a radicar una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la nación por $ 117.000 millones.

El aspecto principal de la propuesta que hizo esta empresa para conciliar era que desistiría de pedir una indemnización de $ 10 millones si la Cancillería revocaba la declaración de desierta de la licitación y, como consecuencia, le firmaba el contrato, pues en ese momento era el único proponente que se mantenía de los que inicialmente se presentaron, y además obtuvo puntaje favorable.

La postura del canciller

Llama la atención que varias voces, incluso algunas al interior de la Cancillería, de la importancia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que lo mejor era conciliar con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, el canciller Álvaro Leyva una y otra vez dijo que no, pues aseguró que tiene los argumentos jurídicos.

El Comité de Conciliación de la Cancillería se reunió el pasado 14 de diciembre para tomar una decisión sobre la acción que impetró esta empresa. De los cinco integrantes, tres votaron a favor de conciliar; uno manifestó su oposición y uno más se declaró impedido.

Los representantes de este Comité asistieron el pasado 15 de diciembre a la segunda reunión en la Procuraduría con Thomas Greg & Sons, donde presentaron una propuesta de conciliación a nombre de la Cancillería.

Sin embargo, en esa oportunidad la Procuraduría solicitó a los delegados de este Comité hacer ajustes a la propuesta de conciliación, como aportar los documentos, audios y vídeos que existan de la reunión en el Ministerio de Relaciones del 14 de diciembre, y de esta forma aclarar los parámetros que definen el compromiso a acordar. Por eso quedaron para un nuevo encuentro el 19 de diciembre.

No obstante, el 16 de diciembre, el canciller le dijo a la revista Semana que “no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad”.

En esto el ministro no dijo nada distinto a lo que ha manifestado desde que Thomas Greg & Sons interpuso el proceso conciliación extrajudicial contra la Nación por $ 117.000 millones, que a propósito lo llevó a enfrentarse con la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien manifestó la necesidad de conciliar, pero precisamente esta postura le costó su salida del cargo.

Entonces lo que más llamó la atención de lo dicho por Leyva a Semana es cuando se refirió al Comité de Conciliación de la Cancillería. “Ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide”, subrayó el canciller.

Agregó que “soy la persona que hizo las cuatro resoluciones (en el proceso de la licitación). Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos (el Comité) no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”.

Si bien se estima que un fallo por esta demanda podría tardar unos 5 años, cuando se sabrá si la razón la tiene el hoy canciller o la empresa accionante, los efectos políticos ya se sienten para el Gobierno por la forma como se ha llevado a cabo este polémico proceso.

La Comisión Segunda del Senado citó el pasado 13 de diciembre al canciller Leyva para preguntarle por el contrato de los pasaportes. Sin embargo, al final la mayoría de integrantes de esta célula legislativa, en una votación de 8 contra 2, se declararon insatisfechos con sus respuestas.

El senador Óscar Giraldo, del Partido Conservador, dijo a Leyva que el “Ministro no está respondiendo a lo que se le llamó al debate para que le responda al país por la situación de los pasaportes. Lo veo haciendo dilación, lo veo evadiendo”.

La mayoría de las críticas es porque el Ministerio insiste en ir a pleito, a pesar de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Comité de Conciliación de la Cancillería coincidieron en la necesidad de lograr un acuerdo con Thomas Greg & Sons para no exponer a la Nación a pagar una millonaria indemnización.

Igualmente, el entonces abogado del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en este caso, Germán Calderón España, concluyó que lo mejor era conciliar. Esto también fue mal recibido por el canciller Leyva, por lo que el profesional del derecho presentó su renuncia como apoderado, la semana anterior.

Calderón dijo a W Radio sobre la postura del ministro Leyva, que “el canciller no tiene argumento jurídico para no conciliar, él está haciendo caso directo al presidente Petro, pero no tiene asesores que le diga que está mal, sino que vayan siempre con lo que ellos digan. Todos los argumentos están y la declaratoria de desierta no tenía razón de ser”.

Las críticas por esta accidentada licitación han caído también por obvias razones en el presidente de la República, no solo por ser la cabeza del Gobierno, sino porque aparentemente acompaña la postura del Canciller, pues no ha dicho algo distinto.

Las investigaciones

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria al ministro de Relaciones Exteriores y al secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

Del mismo modo, la Fiscalía inició una indagación por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores para seleccionar el contratista que se encargaría de la elaboración de pasaportes. Por estos hechos escuchó en declaración a Martha Lucía Zamora.

Días antes de salir del cargo, Zamora dijo a medios que supo de una reunión en París de varias personas para hablar de la licitación de los pasaportes, entre ellas supuestamente Jorge Leyva, el hijo del canciller Álvaro Leyva.

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…), yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, dijo Zamora a W Radio.

También la Contraloría General hizo observaciones porque no se habría cumplido plenamente la normatividad cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta para poder hacer de forma expedita un contrato y asignarlo de manera directa, buscando evitar parálisis en la producción de pasaportes por la declaratoria de desierta de la licitación.

La Contraloría en una resolución indicó que “declarar que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de urgencia manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”.

Por ello, procedió a informar el caso a la Procuraduría General de la Nación con el propósito de que verifique posibles irregularidades.