El Consejo de Estado se pronunció sobre la tutela interpuesta por la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna, que pretendía limitar las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación con las denuncias sobre la posible violación de topes electorales durante la campaña “Petro presidente”. La acción fue desestimada por improcedente, ya que el tribunal determinó que el demandante carecía de legitimación activa.
En su fallo, la Sección Segunda del Consejo de Estado enfatizó que la acción de tutela no debe ser utilizada de manera genérica para proteger derechos fundamentales de la ciudadanía, sino que debe centrarse en la defensa de derechos propios. “La parte accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa y, en consecuencia, la acción de tutela debe rechazarse por improcedente”, señala el documento oficial.
Además, se destacó que la Fundación DILO Colombia no tiene un interés sustancial ni directo en el asunto, lo que significa que no puede alegar vulneración de derechos fundamentales que, en este caso, corresponden al presidente Gustavo Petro. “El derecho al debido proceso y la garantía del juez natural que se pretenden resguardar no están en cabeza de la accionante, sino de otra persona, es decir, el presidente Gustavo Francisco Petro”, explicaron los magistrados.
Este fallo reafirma la competencia del CNE para investigar las denuncias sobre la campaña de Petro, tal como ya había sido señalado en decisiones previas. Según el Consejo, el CNE es la entidad competente para investigar y, en su caso, imponer sanciones administrativas si se comprueba la superación de los límites legales durante la campaña electoral.
Este hecho no solo resalta la importancia de la transparencia electoral, sino que también refuerza el marco normativo que permite a las autoridades competentes llevar a cabo sus funciones en el contexto de la democracia colombiana. En este sentido, el Consejo de Estado reafirmó que la protección de los derechos y la legalidad son fundamentales para el correcto funcionamiento de las instituciones del país.
Como se sabe, a principios de este mes el mismo Consejo de Estado admitió estudiar una tutela que podría detener la votación que se adelanta en la sala plena del CNE, en la cual se está analizando la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntamente haber superado los topes establecidos en su campaña de 2022.
El representante legal de la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna, César Augusto López, interpuso el recurso ante el Consejo de Estado, en la cual se argumente que la decisión tomada por el CNE no admite el principio de debido proceso, asegurando que el estudio contra Gustavo Petro debería estar en manos de la Corte Constitucional.