En los próximos días comenzará en todo el país la recolección de firmas para respaldar la realización del referendo de autonomía fiscal para las regiones, con lo cual buscan tener más recursos para atender sus múltiples responsabilidades con la población en materia de servicios y bienestar. Este proceso puede tardar, si cumple los requisitos, por lo menos un año y medio para llegar a las urnas y que los ciudadanos tomen una decisión, pues antes debe pasar por el Congreso y la Corte Constitucional.

A este referendo le dio el ‘soplo’ de vida el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, a principios de este año, como respuesta a la decisión de la administración Petro, por medio de la Agencia de Minería, de no prorrogar más la delegación minera que tenía este departamento desde 2001, que le autorizaba para otorgar títulos de exploración y explotación de minerales, así como ejercer el control en la materia. 

Por esos días, el gobernador Rendón dijo que “la decisión del gobierno Petro nos devuelve a las épocas fastidiosas del centralismo y desconoce las capacidades como región. Nos ponen un freno de mano en el desarrollo local. Con mayor razón seguiré promoviendo ese referendo constitucional que les devuelva a las regiones la autonomía, sobre todo fiscal”.

El referendo preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que los impuestos sobre la renta y el patrimonio dejen de ser gravámenes nacionales y pasen a ser departamentales y del Distrito Capital, con lo cual se duplicarían los dineros  que hoy reciben por el Sistema General de Participaciones (SGP).

La Registraduría Nacional en la Resolución 6343, del pasado 27 de junio, declaró la inscripción del referendo denominado ‘Por las regiones firme’, tras cumplir los requisitos exigidos. Como consecuencia, inscribió al comité promotor integrado por nueve personas.

Este comité debe recoger como mínimo 2'027.199 firmas ciudadanas de respaldo a dicho referendo, para lo cual tiene plazo hasta el próximo 28 de diciembre. No obstante, los promotores se han puesto la meta de conseguir 4 millones, previniendo que en la revisión que haga la Registraduría Nacional de estas rúbricas determine inválida una importante cantidad  por razones como que no son legibles, no corresponden con el número de la cédula o están repetidas, entre otras.

Pulso a la vista

El referendo de autonomía fiscal para las regiones no es la única iniciativa que en este momento se encuentra sobre la mesa, pues avanzó en primera vuelta el proyecto de reforma constitucional que fortalece la autonomía territorial, estableciendo que el Sistema General de Participación de los departamentos, distritos y municipios represente mínimo el 46,5 % de los ingresos corrientes de la Nación a partir del año 2035. Con este fin, se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución.

La segunda vuelta de esta reforma se dará en la próxima legislatura a partir del 20 de julio, comenzando su quinto debate en la Comisión Primera del Senado.

Igualmente, el entrante ministro del Interior, Juan Cristo, anunció que tiene cuatro objetivos fundamentales en su tarea. El primero de los cuales es la búsqueda de un acuerdo nacional que permita explorar la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. “Vamos a abrir un diálogo con todos los sectores del país: amigos del Gobierno, oposición, altas cortes, Congreso, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, gremios y empresarios”, detalló.

Entre estos objetivos prioritarios Cristo destacó la importancia de profundizar la autonomía territorial en Colombia. “Vamos a avanzar en un nuevo ordenamiento territorial y en un fortalecimiento de las capacidades fiscales de los departamentos y municipios del país”, dijo.

Entonces, en este momento hay tres iniciativas para mejorar los ingresos de las regiones y se vislumbra un pulso entre el Gobierno y las regiones en donde hay mandatarios que no comparten el proyecto político del presidente Petro, como Antioquia, por cuál concreta este asunto.

Como se dijo, el referendo que impulsan el gobernador de Antioquia y otros mandatarios regionales, y que cuenta con el respaldo de la oposición política por parte del partido Centro Democrático, tomaría al menos año y medio para llegar a las urnas, y es muy posible que no se alcance a hacer en lo que le queda a la administración nacional.

En tanto que el Gobierno tendría dos cartas para jugar en este propósito. Una, la constituyente que plantea el presidente Petro, y que según explicó Cristo se haría por el cauce fijado en la Carta Política, como es que cuente con el aval del Congreso. A lo que se suma ahora que anuncian que primero buscarán un acuerdo nacional con las diferentes fuerzas políticas y sectores. No obstante, es claro que una asamblea constituyente tampoco se alcanzaría a hacer en este Gobierno, por los engorrosos requisitos que exige la ley para llevarla a cabo.

La otra carta del Gobierno podría ser apoyar el proyecto de reforma constitucional que fortalece la autonomía territorial, que de superar la segunda vuelta en este semestre entraría en vigor en los primeros meses del 2025.

Vale señalar que esta iniciativa de reforma fue radicada por el senador Guido Echeverri, entre otros, del Movimiento En Marcha, la colectividad de Juan Cristo, quien ahora llega a la cartera política. Este hecho podría ser un punto a favor para que el Gobierno ‘adopte’ el proyecto.

Sin embargo, también puede suceder que la Casa de Nariño no apoye esta reforma. Se dice esto porque en diciembre pasado el presidente Petro replicó a la senadora María Cabal cuando ella manifestó que “trabajaremos en un acto legislativo para buscar la independencia de las regiones. No podemos permitir que por revanchismo se afecte a un departamento”.

Entonces, Petro dijo: “Estimada senadora Cabal, si quiere cambiar el régimen constitucional vigente, el camino no es un acto legislativo. De acuerdo a la Corte Constitucional, un cambio sustancial del régimen político es a través de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Comité promotor

Una de los integrantes del comité promotor del referendo es Ana Lucía Villa, quien durante varios años en el Ministerio de Hacienda fue directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, dependencia en donde les hacen seguimiento a los departamentos y municipios que se acogen a la Ley 550 para reestructurar sus pasivos.

Villa le dijo a EL NUEVO SIGLO sobre esta iniciativa de referendo que "es muy importante, por eso estoy ahí, porque creo que de todas maneras los departamentos necesitan un financiamiento distinto. Y es que, si esto sale adelante, se modifica sustancialmente el Sistema General de Participación". 

Villa explicó que con estos recursos los departamentos tienen que financiar "salud, educación, infraestructura, agua. Porque esto es un recurso no propiamente para la gobernación, sino para el departamento, y los departamentos están conformados por municipios. Entonces, obviamente le queda a la gobernación la responsabilidad de los municipios”.

En tanto que la exsenadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra de la Espriella dijo que “la motivación que tenemos es profundizar la descentralización, profundizar el proceso de recursos fiscales que reciban los departamentos, de tal manera que con ello pueda contribuir al cumplimiento de sus responsabilidades".

Explicó que "hoy, de todos los ingresos que tiene la Nación, que es un monto bastante significativo, el 83 % los maneja la Nación, el 13 % lo manejan los municipios, y los departamentos solo el 4 %. Entonces, lo que estamos proponiendo es que el recaudo del impuesto a la renta, que aproximadamente es de $140 billones, se quede en los departamentos donde se genera la actividad productiva o las actividades de las personas naturales, más el impuesto al patrimonio”. 

Guerra dijo que “eso llevaría a que todos los departamentos verían aumentados los recursos que reciben y no dependerían solo de las transferencias que hoy le envía la Nación a través del Sistema General de Participación".