SI BIEN es cierto que el articulado del proyecto de reforma a la salud está prácticamente aprobado en la plenaria de la Cámara, el panorama para esa polémica iniciativa gubernamental será mucho más complicado en el Senado, en donde los sectores de oposición son mayoritarios.

La plenaria de la Cámara aprobó ayer 21 artículos, dentro de los cuales aspectos clave y que han generado gran polémica e inquietud, como la eliminación de las EPS.

De esta forma se mantuvo el ritmo del avance en la aprobación de la reforma, después de que el lunes pasado se destrabara la discusión, pues en las dos semanas anteriores estuvo estancada por la falta de quórum debido al rechazo a la iniciativa por parte de los partidos de oposición, independientes e incluso algunos parlamentarios de la Alianza Verde, que hacen parte de la coalición de Gobierno, porque consideran que podría afectar gravemente el sistema y la prestación del servicio.

Entonces, en el segundo debate de la reforma se han aprobado 123 artículos y eliminado 8. Quedan por votar 9 artículos en aspectos no esenciales, lo cual ocurrirá el próximo lunes, cuando fue citada la plenaria de Cámara a las 9 de la mañana.

Entre lunes y martes pasados se aprobaron 27 artículos, algunos en aspectos que han generado mayor polémica como concentrar el manejo de los recursos del sistema en la estatal Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), que asumirá la función que tienen las EPS de pagar a los prestadores del servicio, además que adoptará el giro directo; así como la implementación de los CAPS (Centro de Atención Primaria en Salud), la puerta de entrada de la población al sistema.

Lo que viene

Tras su paso por la Cámara el proyecto llegará al Senado, comenzando en la Comisión Séptima a partir del próximo 16 de febrero, cuando vuelva el Congreso a sesiones.

Sin embargo, el panorama para la reforma es incierto en el Senado porque la coalición de Gobierno perdió las mayorías después de que en mayo pasado se retiraran el Partido Conservador y la U y se declararon independientes, precisamente por su inconformidad con este proyecto y porque la Casa de Nariño no accedió a concertar los cambios que propusieron.

La coalición del oficialismo tiene 49 congresistas, distribuidos entre el Pacto Histórico, el Partido Liberal, la Alianza Verde y algunas fuerzas minoritarias. Mientras que la oposición y los independientes suman 57 parlamentarios.

La única oportunidad que tendría el Gobierno para sacar adelante la reforma es concertar los cambios o deslizar votos a favor de la misma desde la U y los conservadores, que no parece fácil porque estas colectividades rechazan el proyecto en los términos en que lo presentó la administración Petro, que en líneas generales se han mantenido en su paso por la Cámara.

Siguen alertas por el proyecto

La reforma de salud, como se dijo, prácticamente ha sido aprobada en la Cámara a pesar del rechazo por parte de las fuerzas de oposición e independientes; así como afuera del Congreso por actores representativos del sector, como asociaciones médicas y de pacientes, y gremios de las EPS, los cuales han alertado que varios de los artículos pondrían en peligro el sistema y la atención a los usuarios.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, gremio que agrupa a las EPS, dijo ayer a Blu Radio que “pasamos el escenario de la Cámara de Representantes, continuamos la conversación en el Senado y esperamos que en ese espacio realmente tengamos un debate a profundidad”.

Añadió que “esta es una conversación que tiene cuatro momentos, llevamos dos, nos faltan dos en los que tenemos enorme confianza. Creemos que la discusión en el Senado será distinta”.

Por su parte, varios exministros y exviceministros manifestaron en una carta su preocupación por lo aprobado en la Cámara, específicamente refirieron nueve puntos.

La misiva está suscrita por los exministros Mauricio Santamaría, Alejandro Gaviria, Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Diego Palacio, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz y varios exviceministros.

Indican que la reforma “incumple mínimos constitucionales” porque no ha demostrado un plan con objetivos, metas y recursos claros. En segundo lugar, “dificulta el acceso a los servicios de salud y no atiende la calidad”; tercero, “elimina la libre elección” del usuario sobre dónde será atendido; cuarto, “desaparece el aseguramiento” por la eliminación de las EPS y dividir cuatro de sus funciones entre hospitales públicos, secretarías de salud, la Adres, el Ministerio de Salud y los CAPS.

En quinto lugar, “sin la UPC, mayor ineficiencia y menor protección financiera”. Sexto, “se arriesga la gestión financiera”, toda vez que se concentran la ejecución del gasto en la Adres. Séptimo, concentrar el manejo de recursos en la Adres multiplicaría los riesgos de corrupción en el sistema. Octavo, “los trabajadores de la salud quedan en riesgo” porque no hay “un solo artículo dirigido a financiar el costo adicional de la formalización laboral del sector”. Y noveno, que el proyecto carece hasta el momento del aval fiscal.

Frente a esto manifestado por los exministros el presidente Petro respondió que “leo este comunicado y me sorprendo. Quién dijo que los actuales pacientes graves van a regresar a los CAPS; todos siguen sus actuales tratamientos médicos en las mismas clínicas y hospitales. Lo único que cambia es que se le pagará directamente a esas clínicas y hospitales según su facturación auditada”.

Añadió el mandatario que “el sistema preventivo encontrará a esas mujeres con cáncer de mama de manera temprana, cosa que no hicieron los firmantes cuando fueron ministros para disminuir la mortalidad”. Dijo también que “el proyecto de ley lleva una año ya de discusión, mucho más que la Ley 100 que defienden y que nosotros pretendemos reformar”.

Por su parte, el Pacto Por Una Mejor Salud, conformado por usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios, profesionales, el sector farmacéutico y más de 80 organizaciones y dirigentes del sector, manifestó el pasado miércoles ante lo aprobado en la plenaria de la Cámara, que “Adres asume la gestión financiera de la salud. Los giros a hospitales, centros de salud, equipos médicos y servicios de mediana y alta complejidad quedan bajo su control. Esto sin tener las capacidades técnicas, el personal ni el gobierno corporativo para desempeñar su labor, y sin tener en cuenta objetivos de equidad, acceso y calidad”.

Agregó que “la decisión de crear un fondo único que tiene tres bolsas o subcuentas: atención primaria, red pública hospitalaria y otros (mediana y alta complejidad, incapacidades, licencias y huérfanas) fragmenta los recursos financieros y destruye el aseguramiento. Desfinancia así mismo la prestación de servicios para la población enferma”.

La sesión plenaria prosigue con la discusión detallada de varios artículos clave, entre ellos el 88, 124, 129, 137 y 142, dentro del marco del proyecto en debate. Con excepción de los artículos 88 y 124, que abordan la función conciliadora de la Superintendencia Nacional de Salud y la formulación de un Plan Nacional de Salud Rural por parte del gobierno, respectivamente, los demás artículos se centran en las disposiciones para la transición del actual modelo de salud al propuesto por el proyecto, así como en la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El artículo 125 destaca que la implementación del "nuevo" sistema de salud será gradual, asegurando que ninguna persona quede desprotegida durante este período. Se establece un plan de implementación que aborda aspectos críticos, como la atención continua a pacientes en estado crítico y la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Estas últimas no podrán cesar su operación hasta que se realice una transición ordenada de sus afiliados a las nuevas instituciones creadas por la ley.

El Ministerio de Salud (Minsalud) llevará a cabo un proceso de territorialización de las EPS, concentrando su operación en áreas con mayor afiliación y organización de servicios. Se destaca la importancia de entidades como Nueva EPS, con mayoría de capital público, que contribuirá en la organización de servicios de salud, infraestructura, formación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y apoyo en la estructuración de redes integradas.

El artículo 129 generó un intenso debate en la Cámara, ya que aborda la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se establece que el Estado determinará su valor anual mediante estudios técnicos, considerando diversos factores. Algunos congresistas expresaron preocupación sobre la claridad en el cálculo de este valor, fundamental para el financiamiento del sistema.

El artículo 137 destaca la responsabilidad de los CAPS en el desarrollo de programas de actividad física para la prevención de enfermedades, en colaboración con otras entidades municipales. Por su parte, el artículo 142 aborda la deuda pendiente de las Instituciones de Salud del Estado (ISE) e instituciones privadas o mixtas, proponiendo acceso a créditos blandos con períodos de gracia y tasas compensadas para garantizar su estabilización financiera.

Los congresistas abordaron también diversos aspectos cruciales de la organización del sistema de salud. Se focalizaron en seis artículos (28, 29, 31, 32, 34 y 35) relacionados con este tema. El artículo 28 destaca la función del Ministerio de Salud en la gobernanza y dirección del sistema a nivel nacional, mientras que a nivel territorial, las autoridades locales gestionarán políticas de salud de acuerdo con las normativas nacionales.

En el punto 29, se propone la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes Sociales de Salud y Salud Pública, destinada a identificar intervenciones y recursos necesarios para abordar estos determinantes. La Comisión jugará un papel crucial en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y evaluará el impacto de sus directrices en la salud.

Por otro lado, el artículo 31 introduce el Consejo Nacional de Salud, adscrito al Ministerio de Salud, compuesto por representantes gubernamentales y diversos sectores. Este consejo se encargará de concertar políticas públicas, proponer normativas, y evaluar el funcionamiento del sistema de salud. El artículo detalla su composición, sesiones y funciones, estableciendo la necesidad de reglamentación gubernamental.

El punto 32 amplía las funciones del Consejo Nacional de Salud, que incluyen recomendaciones de políticas, propuestas de reglamentación y monitoreo del sistema de salud. Se destaca la obligación del Ministro de Salud de justificar decisiones que difieran de las recomendaciones del Consejo.

En el ámbito de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el artículo 34 establece que estas pueden ser públicas, privadas o mixtas, fomentando la colaboración entre ellas. El artículo 35 da origen al Sistema Integral de Calidad en Salud (SICA) con el propósito de mejorar el desempeño del sistema, y se espera que el Gobierno reglamente sus componentes en el próximo año.