EN EL Congreso de la República avanza el proyecto de ley que busca hacer unas pequeñas modificaciones a la Ley 30 de 1992. Esta iniciativa tiene como objetivo transformar el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia, que actualmente se basa en los aportes estatales ajustados anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Como se sabe, tras dos meses de radicado el proyecto de ley fue presentado por el Gobierno nacional a través del ministro de Educación, Daniel Rojas, la propuesta es acompañada por varios congresistas entre quienes se encuentran los representantes Hernando González de Cambio Radical, la representante Jennifer Pedraza de la Coalición Centro Esperanza, y del senador de la Alianza Verde Ariel Ávila.
Inicialmente, una de las autoras y abanderadas de la iniciativa es la representante Jennifer Pedraza quién explicó que “el sistema educativo requiere tres reformas urgentes; Una de ellas es cambiar la fórmula de cálculo de los recursos para las universidades públicas y para instituciones técnicas y tecnológicas estatales; requerimos una reforma general al Sistema General de Participaciones que aumente los recursos para los colegios públicos que garantice la conectividad, la infraestructura, el agua potable y se disminuir la relación de cantidad de estudiantes por maestro en los colegios públicos”.
Asimismo, dijo que “para esto es necesario tener en cuenta que, a pesar del esfuerzo de las universidades públicas en ampliar su cobertura, esto hace que la mayor parte de los estudiantes busquen un crédito a través del Icetex. Entonces debemos fortalecer la educación pública, integrar los programas complementarios sin asfixiar financieramente a las universidades”.
Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila señaló que “se trata de una iniciativa que crea un piso mínimo de recursos públicos para las instituciones de educación superior y con los cuales tendrán financiación directa de la Nación para no depender únicamente de los entes territoriales. La propuesta recoge los insumos que han sido construidos por estudiantes, profesores y el Sistema Universitario Estatal qué durante más de 10 años se han venido socializando”.
Cambios que se proponen
Los parlamentarios coinciden en que se deben ampliar las partidas de inversión por parte del Gobierno nacional, como uno de los aspectos fundamentales para mejorar la educación en Colombia.
En ese sentido, la representante Pedraza sostuvo que “es necesario garantizar la educación inicial pública, el preescolar de tres grados que siempre ha venido luchando el magisterio y que es una gran brecha social entre los hogares privilegiados que tienen la posibilidad de pagar un jardín privado a sus niños, y quienes no pueden hacerlo por lo que mandan a sus hijos a hogares comunitarios en donde hay cuidado, pero no educación inicial”.
“Recordemos que lo que terminó matando la reforma anterior fue negociar a puerta cerrada la educación pública como derecho fundamental y retiraron el contenido que priorización de la financiación del Estado iba dirigida a las universidades públicas e incluyeron aspectos que ponían en riesgo la autonomía universitaria, la cátedra universitaria, entre otros puntos”, manifestó Pedraza.
Por su parte, el senador Ariel Ávila explicó que “poder sanar las finanzas de la Universidad pública con una nueva fórmula que hará crecer los recursos para el funcionamiento de las universidades, incluyendo el índice (ICES) que contempla los verdaderos costos de la educación y hoy calcula el DANE, pero no se usa, hace parte de esta nueva propuesta. Para ello, se debe ampliar los recursos de inversión de las instituciones públicas, pasando anualmente del 30% de incremento real del PIB al 70% como una forma de canalizar los recursos del crecimiento económico hacia la financiación de la educación pública”.
Cabe señalar que en el Congreso de la República ya se nombraron a varios de los ponentes quienes serán los encargados de presentar el articulado en la Comisión Sexta del Senado de la República y que quedó liderada por el senador Pedro Florez del Partido Pacto Histórico, quién liderará la discusión del proyecto presentado por el Gobierno nacional.