En cuidados intensivos está la reforma a la salud, el articulado sigue perdiendo fuerza en el Congreso de la República y ahora los ocho senadores que presentaron negativa al proyecto de Ley, anuncian que no están de acuerdo con la presentación de una ponencia alternativa.

Y es que el Gobierno de turno quiere salvar la iniciativa con un artículo de alternancia, encabezado por el senador Fabián Díaz, no obstante, está perdiendo fuerza esta idea.

Los senadores opositores aseguran que están dispuestos a escuchar las propuestas de Ejecutivo siempre y cuando se radique una nueva reforma desde la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio de este año.

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“La invitación es a que nos sentemos con el Gobierno a concertar no una ponencia, sino un nuevo proyecto escuchando a todos los actores del sistema, trabajándolo con los partidos, que cuando se radique el proyecto el próximo 290 de julio ya venga consensuado y acompañado de diferentes sectores y es un proyecto que sale muy rápido y podemos solucionar los problemas críticos de la reforma a la salud, pero este proyecto que hoy está en el Senado ya no tiene posibilidad”, sostuvo el parlamentario  Miguel Ángel Pinto.

Por otro lado, la bancada conservadora afirmó que presentarán un proyecto propio: “Somos conscientes de la necesidad de una reforma a la salud, por ello, en la próxima legislatura presentaremos un nuevo proyecto, con el acompañamiento de todos los sectores, que si mejore las condiciones actuales el sistema".

Según el comunicado, esta decisión es el resultado de proceso de escucha activa a la ciudadanía, los pacientes, la academia, asociaciones científicas y otros gremios, quienes coinciden en que el actual proyecto crea un modelo de salud más complicado para el acceso a la atención, además de limitar la libre escogencia y no asegurar el acceso real a la atención.

Adicionalmente, mencionaron que “no acompañaran ninguna ponencia alternativa sobre el proyecto actual”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que no retirará la reforma y advirtió que de no ser aprobada por el Congreso habría “un desplome del sistema”.