UNO DE los temas más debatidos de las últimas semanas ha sido, precisamente, el de la Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia y de Restitución de Tierras.
Ayer la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió que hay un rezago superior a los cuatro billones de pesos para la indemnización de las víctimas del conflicto armado, reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz.
Al intervenir en “Encuentro por el reconocimiento de los derechos de las víctimas”, en Bogotá, la jefa del Ministerio Público aclaró que esa fue la cifra presentada por la Procuraduría ante la Corte Constitucional al solicitar la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
Cabello, señaló que es urgente la articulación de las instancias del Estado comprometidas con la materialización de esas medidas de reparación. “El estado de rezago en la indemnización de las víctimas reconocidas en la jurisdicción de Justicia y Paz constituye hoy un problema estructural, situación que supone una vulneración masiva y generalizada de las víctimas”, puntualizó.
Agregó que el reducido rubro presupuestal asignado a la Unidad para las Víctimas para el pago de las indemnizaciones constituye una prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones, y por eso es importante que el Gobierno disponga del presupuesto necesario para lograr ese objetivo.
“Hay una deuda histórica que debe ser saldada con verdad y con garantías de no repetición, pero también debe ser saldada con indemnización, eso es fundamental, y en ese sentido las víctimas cuentan con la Procuraduría, en su condición de cabeza del Ministerio Público, como garante para apoyar, acompañar y luchar con las víctimas y para las víctimas”, enfatizó.
¿Reforma?
En el mismo foro, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó alrededor del déficit presupuestal para reparar integral y efectivamente a las víctimas, que el Estado hará el mayor esfuerzo presupuestal posible para que esos rubros cobijen a un amplio número de víctimas pendientes de indemnización individual.
Insistió en su propuesta de reformar la Ley para que se ajuste a las necesidades y oportunidades del Sistema Integral de Paz, y al universo de víctimas existente, así como a la búsqueda de soluciones jurídicas a los ‘cuellos de botella’ que tiene la Jurisdicción de Justicia y Paz.
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“Desde este ministerio hemos intentado garantizar con recursos económicos la participación de las víctimas en los incidentes de reparación de justicia y paz, hemos hecho presencia en las audiencias para orientar a las víctimas en sus derechos, pero también sabemos que eso no es suficiente. Si seguimos al ritmo que hemos ido en los últimos años nos tomará décadas poder terminar esos procesos de Justicia y Paz”, agregó.
Precisó que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que se discute en el Congreso, incluye la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón al conflicto armado.
A su turno, el pasado 10 de abril la directora de la Unidad para la Atención de Víctimas, Patricia Tobón, alertó que la reparación de las víctimas requiere recursos por 301 billones de pesos.
“Nos tenemos que romper la cabeza preguntándonos cómo vamos a hacer la transición económica, cómo vamos a lograr ‒no 24 billones de la Reforma Tributaria‒, más de 301 billones para contrarrestar la desigualdad, y esto va a requerir todo es un esfuerzo intelectual, de participación, de reflexión en cómo lo hacemos, porque lo requerimos”, señaló.
Precisó que con corte al 28 de febrero de este año figuraban en el Registro Único de Víctimas 9’446.572 personas, de las cuales 7’496.170 personas reciben atención en diferentes medidas de esa entidad.
Un día después, el presidente Gustavo Petro anunció que si el valor de la indemnización asciende a $301 billones, el Estado tardaría cerca de 125 años en completar la tarea.
“Hay que construir otro camino y otro camino en las condiciones concretas. Si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, expresó, generando una discusión de marca mayor por lo que implica una emisión de dinero de ese monto.