POR DESCONOCER normas constitucionales, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 2114 de 2023 que emitió el Gobierno la semana pasada, con el que busca derogar la prohibición de distribución y venta de drogas en espacios públicos.

La acción legal está dirigida contra el presidente, según un documento revelado por Semana e incluye a los ministros de Defensa, Iván Velásquez; de Justicia, Néstor Osuna; y de Interior, Luis Fernando Velasco.

Ruiz argumentó ante EL NUEVO SIGLO que el decreto viola principios constitucionales como la convivencia, la igualdad y la paz. Además, señaló que la decisión de Petro, cuestionada por diversos sectores sociales y políticos, favorece los derechos de los consumidores en detrimento del resto de los colombianos.

“Realmente, se violan los artículos de la Constitución Nacional en materia de seguridad. Por lo mismo, lo hemos demandado, de modo que esperamos que el Consejo de Estado suspenda ese decreto”, puntualizó Ruiz.

Una de las preocupaciones expresadas por Ruiz es que la decisión del jefe de Gobierno deja a la Policía Nacional sin atribuciones para actuar contra jíbaros y microtraficantes.

“En otras palabras, lo que impone es una prevalencia de los derechos de los portadores y los consumidores de la dosis mínima, cuando la norma que el Gobierno Petro derogó buscaba la armonización del equilibrio de derechos de unos y de otros. ¿Para qué? Para poder armonizar la convivencia y paz de la comunidad”, destacó.

También explicó que el Gobierno Petro no consideró una sentencia de la Corte Constitucional que establece que el porte de dichas sustancias en determinados ciclos se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo que puede ser objeto de sanciones.

“En este decreto, están contrariando completamente la sentencia de la Corte”, afirmó el exministro, quien sostiene que la normativa otorga potestad a las autoridades para restringir conductas anómalas en lugares específicos.

Ruiz prevé que la medida gubernamental aumentará la delincuencia, ya que la gente actuará fuera de los parámetros de conciencia.

“Consideramos que el Consejo de Estado tomará la mejor decisión, pues cuando se violan normas del orden superior y se meten en su autonomía judicial, es deber del Consejo de Estado, dentro de sapiencia y conocimiento, decretar medida cautelar y suspender el decreto para proteger la integridad de niños y adolescentes, además de todas las personas de Colombia frente a ese ‘adefesio’ que sacó el presidente de Colombia”, concluyó.

La defensa

Ante las críticas recibidas la semana pasada por la decisión del Gobierno, Néstor Osuna, ministro de Justicia, explicó que “este decreto no elimina la prohibición de comercio ni de tráfico ni de microtráfico ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana”.

Osuna destacó que la administración Duque extendió mediante decreto una prohibición de consumo para aplicar sanciones administrativas al porte de drogas.

“Después de eso, la Corte Constitucional en varias sentencias ha mencionado que el porte no se puede sancionar administrativamente. También el Consejo de Estado, revisando ese decreto que estamos derogando ahora, manifestó que no se podía utilizar la figura de una sanción con multa para el porte, porque lo que está prohibido en Colombia es el comercio”, explicó el ministro.