Otra sanción de la Procuraduría acumula el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez,  esta vez fue suspendido del ejercicio del cargo por el término tres meses, convertible en salarios básicos devengados para el momento de los hechos, suma que asciende a $41.207.226, por proferir en público expresiones, injuriosas, peyorativas y denigrantes calumniosas contra un servidor público.

El Ministerio Público confirmó que el disciplinado en una emisión de su programa “Hable con el Alcalde” a través de las redes sociales instagram y facebook usó los siguientes términos para referirse al exmandatario Héctor Mantilla, primer mandatario de Floridablanca, para la época de los hechos: “…que pague lo que debe allá, nos ha devuelto veinte veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería…”

A su vez, el ente disciplinario evidenció que el servidor público vulneró el principio de la moralidad contenido en la Constitución Política, en el ejercicio de sus funciones al exponer públicamente al administrador municipal, para la vigencia 2019. 

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Por tanto, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la falta de Hernández Suárez como grave, a título de culpa gravísima.  

Otras sanciones 

El pasado 15 de noviembre, la Procuraduría sancionó con 12 años de  inhabilidad  contra Hernández en medio de una revisión de segunda instancia, por el polémico caso Vitalogic.

El antiguo alcalde de Bucaramanga había solicitado una revisión de su caso y, en función de ello, el Ministerio Público confirmó ayer que el político de 78 años de edad incurrió en interés indebido en la selección del contrato de las basuras para la ciudad.

Como es sabido, la sentencia emitida por el órgano de control liderado por Margarita Cabello en primera instancia sacó a Hernández del juego político por un lapso de 14 años. Si bien en esta oportunidad reducen a dos la cantidad de años en los que no podrá ejercer a cargos públicos, algunos expertos sugieren que esta podría ser su muerte política.

El caso Vitalogic generó gran controversia entre sectores políticos, ya que durante la gestión del ingeniero se firmó un contrato de consultoría, con la intención de dar respaldo técnico al manejo de los desechos sólidos en la ciudad de Bucaramanga.

De acuerdo a las autoridades, en medio de todo ese proceso se habrían cometido irregularidades que terminaron en señalamientos contra el excandidato a la Presidencia y posterior inhabilidad política.

Dicho contrato se habría celebrado en el año 2016. En él, figuraron quien para aquel entonces fungía como gerente de Aseo Bucaramanga, José Manuel Barrera; además del contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Adicionalmente a eso, las investigaciones de las autoridades revelaron que el costo inicial del acuerdo era de 344 millones de pesos y que él mismo tendría una vigencia cinco meses.

Las indagaciones también permitieron concluir que Hernández habría logrado que Barrera otorgara el contrato de asesoría a Alarcón. En dicho proceso, también salió a relucir el nombre del hijo del ingeniero, Luis Carlos Hernández, quien, de acuerdo a las pesquisas, habría repartido “incentivos” para que el contrato fuera cedido a Vitalogic.