12 AÑOS de inhabilidad contra el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, fue la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación, en medio de una revisión de segunda instancia, por el polémico caso Vitalogic.

El antiguo alcalde de Bucaramanga había solicitado una revisión de su caso y, en función de ello, el Ministerio Público confirmó ayer que el político de 78 años de edad incurrió en interés indebido en la selección del contrato de las basuras para la ciudad.

Como es sabido, la sentencia emitida por el órgano de control liderado por Margarita Cabello en primera instancia sacó a Hernández del juego político por un lapso de 14 años. Si bien en esta oportunidad reducen a dos la cantidad de años en los que no podrá ejercer a cargos públicos, algunos expertos sugieren que esta podría ser su muerte política.

El caso Vitalogic generó gran controversia entre sectores políticos, ya que durante la gestión del ingeniero se firmó un contrato de consultoría, con la intención de dar respaldo técnico al manejo de los desechos sólidos en la ciudad de Bucaramanga.

De acuerdo a las autoridades, en medio de todo ese proceso se habrían cometido irregularidades que terminaron en señalamientos contra el excandidato a la Presidencia y posterior inhabilidad política.

Dicho contrato se habría celebrado en el año 2016. En él, figuraron quien para aquel entonces fungía como gerente de Aseo Bucaramanga, José Manuel Barrera; además del contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Adicionalmente a eso, las investigaciones de las autoridades revelaron que el costo inicial del acuerdo era de 344 millones de pesos y que él mismo tendría una vigencia cinco meses.

Las indagaciones también permitieron concluir que Hernández habría logrado que Barrera otorgara el contrato de asesoría a Alarcón. En dicho proceso, también salió a relucir el nombre del hijo del ingeniero, Luis Carlos Hernández, quien, de acuerdo a las pesquisas, habría repartido “incentivos” para que el contrato fuera cedido a Vitalogic.

La candidatura

A pesar de la inhabilidad anunciada en primera instancia, Hernández presentó su candidatura para la Gobernación de Santander. Sin embargo, sus aspiraciones fueron tumbadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque también pesaba sobre sus hombres tres sanciones por parte del Ministerio Público.

La decisión del ente electoral estuvo sustentada por varios procesos que el ingeniero tiene abiertos en la Procuraduría, pues según el ente investigador el excandidato presidencial acumula al menos tres indagaciones en un lapso de tiempo de cinco años, por lo que incumple en el código disciplinario.

Entre las causas abiertas contra Hernández está la agresión verbal contra el veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas, a quien llamó “lavaperros” en 2018. Además, insultó y calificó de corrupto al funcionario Wilson Motta. Por último, golpeó al concejal John Claro.

El ente de control le recordó Hernández en aquel entonces que tenía el deber de tratar con respeto a la ciudadanía, pues es un requisito que resulta especialmente exigible a los servidores públicos, “en virtud del principio de responsabilidad contemplado en nuestra Constitución y porque se encuentran al servicio del Estado y la comunidad”.

Para sorpresa de muchos, quien salió en defensa del político fue el mismo presidente Gustavo Petro. “Se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que es de obligatorio cumplimiento”, manifestó en su cuenta X.

A pesar de la decisión del CNE, el rostro de Hernández apareció en los tarjetones de las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Aunque el número de votos logrados durante el proceso superaron los 100.000, el ente electoral los anuló.