Hoy se discutirá en plenaria del Senado el proyecto de acto Legislativo número 02 de 2022, por medio del cual se modifica el artículo 138 de la Constitución Política, con el fin de ampliar el segundo periodo de las sesiones ordinarias del Congreso de la República durante las tres primeras legislaturas del cuatrienio.

En la actualidad, de acuerdo con los autores del proyecto, el Congreso sesiona ocho meses al año, lo que se considera insuficiente para realizar sus funciones constitucionales y legales.

Por eso, después de 31 años de firmada la nueva Constitución, se necesita un Congreso, según dice el proyecto, que se ponga en sintonía con los nuevos avances, que legisle con prontitud y eficiencia las nuevas relaciones jurídicas.

Y señalan que es importante tener en cuenta que los resultados electorales de las dos vueltas presidenciales dejaron un poderoso mensaje de cambio de parte de los ciudadanos, que obliga a reformas estructurales de fondo.

Periodos legislativos

Esta iniciativa legislativa modifica las fechas de los periodos ordinarios en los que sesionará el Congreso de la República, los que actualmente se dividen en dos: el primero que va desde el 20 de julio al 16 de diciembre y el segundo que va desde el 16 de marzo al 20 de junio. 

Así, durante el primer periodo se desarrollan labores legislativas durante cinco meses aproximadamente, mientras el segundo tan solo consta de un periodo de tres meses para el desarrollo de las mencionadas actividades.

Debido a esto, señala el proyecto, muchas de las iniciativas legislativas no pueden llevar a cabalidad su transcurrir en las respectivas comisiones y plenarias, lo que causa retroceso en la actividad del Congreso, interfiriendo con los procesos de producción normativa y violentando los deberes de toda institución pública, los cuales se basan en prestar el servicio a favor de los intereses generales.

Por lo tanto, a pesar de que un proyecto de acto legislativo puede ser tramitado en dos periodos sucesivos, esto sin importar que sean de la misma legislatura debe cursar cuatro debates en cada uno de ellos, sin importar qué periodo sea, lo cual dificulta el desarrollo de ese tipo de iniciativas, debido a que el periodo legislativo del 16 de marzo al 20 de junio es de tan solo tres meses.

Por eso, expresan los autores,  este proyecto lo que busca es equiparar los periodos mencionados para que en cada uno de ellos existan cinco meses para el desarrollo de los procesos y trámites, ampliando el tiempo del segundo periodo iniciando desde el 20 de enero y finalizando el 20 de junio. 

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Declaraciones

Para Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, este proyecto es una señal de austeridad e igualdad para con la ciudadanía, tal como lo sería un recorte de salarios para él y sus compañeros al nivel de los otros altos funcionarios del Estado. “Seré crítico con ese punto y propondré enmiendas durante los debates para robustecer esta iniciativa, que considero necesaria para la reducción de gastos estatales”.

"Recortar el receso legislativo nos daría más tiempo para debatir más iniciativas y para presentar diferentes controles políticos que son necesarios para el país. Es importante generar una mejor percepción del Congreso en la ciudadanía y demostrar que tenemos voluntad de autorreformarnos”, agregó el senador.

Por su parte, el senador David Luna, de la misma colectividad política, explicó que esta reforma constitucional conseguiría que “en el Congreso pasemos de tener ocho meses de sesiones ordinarias a tener diez, lo que permitiría más capacidad para ejercer control político y adelantar la gestión legislativa”.

Entre tanto, el presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que esta propuesta no es de izquierda ni de derecha, sino de confianza de cara a la ciudadanía. Anotó que, técnicamente, no es cierto que los congresistas comiencen a trabajar desde marzo: aparte de que los parlamentarios trabajan constantemente en defensa de los ciudadanos, “el Congreso en los últimos diez años ha trabajado desde febrero, porque siempre hay sesiones extras y hay que recortar el receso legislativo”.

De igual manera, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal afirmó: “Aquí no se está entendiendo que la labor que hace el congresista es permanente, la gente no sabe la cantidad de proyectos que hay que aprobar, esto es una locura, es esquizofrenia legislativa. Los ciudadanos deben entender que entre más leyes haya, son menos libres”.

Vale recordar que este tipo de propuestas que amplían el periodo legislativo ya se han radicado en años anteriores y los mismos miembros del Legislativo las hundieron bajo diferentes excusas, entre ellas, que aumentaría el ausentismo: los congresistas perderían su investidura por inasistencias injustificadas en una misma legislatura, ya que las únicas excusas válidas son las incapacidades médicas y los permisos argumentados y aprobados, que generalmente se piden antes de emprender un viaje y con anticipación suficiente.

Periodos en otros países

Dentro del proyecto se resalta que en España tienen nueve meses de desarrollo legislativo divididos en dos periodos: las cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio.

Asimismo señala que las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno.

En Brasil, las sesiones del Congreso Nacional cuentan con dos periodos: el primero comienza el 15 de febrero y va hasta el 30 de junio y el segundo comienza el 1 de agosto hasta el 15 de diciembre.  Cada una de las cámaras se reúne en sesiones preparatorias a partir del 1 de febrero, en el primer año de la legislatura para la toma de posesión de sus miembros y la elección de las mesas respectivas, por mandato de dos años.

Por su parte en Ecuador, el Congreso Nacional se instala en Quito, sin necesidad de convocatoria, el 5 de enero del año en que se posesione el presidente de la República, y sesiona en forma ordinaria y permanente con dos recesos al año, de un mes cada uno. Las sesiones del Congreso son públicas. Excepcionalmente se constituyen en sesión reservada, con sujeción a la ley.