El anunciado nombramiento de Gustavo Gómez Aranguren como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se ve interrumpido por restricciones legales derivadas de su edad, así como por discordancias con la postura oficial del Gobierno, evidenciando tensiones y desafíos en el proceso de selección para esta importante posición.

El pasado miércoles 28 de febrero se conoció públicamente la designación de Gustavo Gómez Aranguren como nuevo director de la Agencia de Defensa Jurídica. Sin embargo, la designación se vió obstaculizada por razones legales y controversias que han surgido en torno al nombramiento del connotado abogado.

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Aunque el Gobierno había confirmado oficialmente su designación y su perfil ya se encontraba expuesto en Función Pública, fuentes de Presidencia confirmaron que Gómez Aranguren no podrá asumir el cargo debido a su edad, que supera el límite establecido por la ley para ocupar posiciones de alto nivel en la administración pública. Según una fuente de Casa de Nariño: "Por edad de retiro forzoso no puede ser director".

El sustento legal para las disposiciones mencionadas proviene de un decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece que las personas mayores de 70 años o jubiladas con derecho a pensión de vejez no pueden ser reincorporadas al servicio, excepto en casos específicos como ocupar cargos como Presidente de la República, Ministro del despacho, Viceministro, Presidente de entidades descentralizadas, entre otros señalados en la normativa.

Además, el documento especifica que aquellos que disfrutan de pensión de jubilación y no han alcanzado la edad de 70 años pueden ser reintegrados en puestos como Director general, Subdirector de Unidad Administrativa Especial, Secretario de Despacho en Gobernaciones y Alcaldías, entre otros roles definidos.

Por otro lado, en una situación concreta donde un exmagistrado de 71 años está involucrado, la Casa de Nariño está evaluando esta circunstancia y no descarta considerar otros candidatos para reemplazar a Aranguren en la competencia por la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las disposiciones legales establecidas y a las necesidades del servicio público.

Por otro lado, la cancelación del nombramiento también se ve influenciada por controversias surgidas a raíz de declaraciones realizadas por Gómez Aranguren en una entrevista radial, donde abordó la polémica licitación de los pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. Sus comentarios, interpretados como un desafío a la posición oficial del Gobierno, generaron malestar y contribuyeron a la decisión de dar marcha atrás en su designación.

Además, el contexto de la salida de la anterior directora de la Agencia, Martha Lucía Zamora, en medio de acusaciones de maltrato por parte del suspendido canciller Álvaro Leyva y controversias sobre la mencionada licitación, agrega más complejidad al escenario.

Ante esta situación, desde la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro, se encuentra evaluando alternativas y revisando hojas de vida de otros aspirantes para ocupar el puesto vacante en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, buscando garantizar la continuidad y eficacia en la gestión legal del Gobierno.