El 2 de mayo de 2002 el grupo insurgente Farc, en medio de combates con el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC, lanzó una pipeta que atravesó el techo de la iglesia del municipio, asesinando a más de 100 personas y dejando a más de 90 heridas.

Veinte años después este es uno de los hechos que dejó marcado el conflicto armado y es recordado como la Masacre de Bojayá.

Exactamente a las  a las 10:15 a.m., guerrilleros de las Farc dispararon un cilindro bomba contra la iglesia San Pablo Apóstol, en el antiguo Bellavista, cabecera de Bojayá, donde se refugiaban alrededor de 300 personas por los enfrentamientos que libraban desde el 20 de abril el Frente José María Córdova de la guerrilla y el comando paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas.

También se recuerda que la presión de la guerrilla por deshacerse de los cadáveres antes de la llegada de medios de comunicación y autoridades y la violencia continuada en el territorio no permitieron la despedida y el duelo de acuerdo a sus tradiciones religiosas.

“Si se piensa en la magnitud de los eventos en términos de muertos, heridos y desplazados, frente al tamaño de la población, se puede decir que los daños ocasionados por la masacre fueron catastróficos. Toda familia quedó de alguna manera en duelo, todas las familias tuvieron que participar en la búsqueda y el conteo de sus víctimas”, señala el informe “Bojayá. La guerra sin límites”, publicado en 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad además de las pérdidas de vidas humanas y materiales, la masacre ocasionó profundos y complejos daños e impactos morales, culturales y psicológicos sobre las poblaciones negras e indígenas de Bojayá y de la región.

“Los hechos acontecidos además de causar serias lesiones físicas en las personas sobrevivientes, constituyeron un ataque a un centro religioso con importante valor simbólico e impidieron prácticas ancestrales como los ritos mortuorios, que son estructuradores de la vida y cultura de estos grupos. A raíz de ello, se produjo el desplazamiento forzado de miles de personas, lo cual implicó el destierro y la sobrevivencia en condiciones deplorables e indignantes, en los lugares donde se vieron obligadas a permanecer”, agregó la Comisión.

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Condena al Estado

El Tribunal Administrativo del Chocó encontró que la Nación es responsable del desplazamiento forzado que padecieron varias familias durante el gobierno de Andrés Pastrana. Las víctimas aseguraron que alertaron varias veces al gobierno sobre el enfrentamiento, sin recibir más que promesas.

Cuatro familias que tuvieron que huir de la zona en ese momento interpusieron acciones de grupo para que el Estado respondiera por los daños que sufrieron durante los enfrentamientos entre guerrilla y grupos paramilitares. Según se lee en el fallo que condena a la Nación, hubo una omisión de las instituciones del Estado en atender los llamados de la comunidad y, por esto deberá reparar a los afectados.

En el documento de la decisión de segunda instancia también se señaló que la Fuerza Pública abandonó la región de Bojayá en medio de los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc.

Ni la Policía ni el Ejército realizaron labor alguna que pudiera evitar este enfrentamiento que luego generó el desplazamiento de varios habitantes del municipio. En respuesta a la demanda dijeron que el enfrentamiento ocurrió entre paramilitares y Farc, por lo cual, según ellos, esas actividades son responsabilidad de otras personas y no de la Fuerza Pública. A esto añadieron que factores geográficos y la intensidad del enfrentamiento hizo que fuera imposible su ingreso a Bojayá.

En primera instancia un Juzgado de Quibdó afirmó que los miembros de la fuerza pública no brindaron una protección eficaz y adecuada y condenó a la Nación, pero el Gobierno y las mismas víctimas impugnaron la decisión. Los demandantes pedían que se elevara la suma de reparación y las entidades del Gobierno que se declarara improcedente la demanda, pues para ellos no hubo omisión alguna.

Se recuerda que el partido Comunes (antiguo Farc), surgido tras el Acuerdo de Paz de 2016,  reconoció su responsabilidad en este atroz acto y pidió “perdón a Bojayá y a toda Colombia”.