A pesar de que ya no tiene chance de ser aprobado en su primera vuelta de aquí al 16 de diciembre, y que por lo tanto se hundirá, la Comisión Primera de la Cámara tiene previsto dar debate el día de hoy al proyecto de reforma constitucional por la cual se elimina el delito político del ordenamiento jurídico, figura que ha permitido hasta ahora a integrantes de los grupos guerrilleros que dejan las armas beneficiarse de la amnistía e indulto.

La iniciativa fue presentada por parlamentarios del Partido Centro Democrático, quienes plantean la necesidad de suprimir el delito político porque genera impunidad al permitir a quienes hayan ejercido violencia, no solo evitar ir a la cárcel para pagar por sus delitos, sino participar sin restricción de la vida pública del país.

"Es evidente cómo la calificación de delito político a conductas delictivas comunes, no sólo ha ido minando el carácter excepcional de figuras como la amnistía o el indulto, sino que su arbitraria aplicación no sólo ha vulnerado los derechos de las víctimas, sino que se ha ido gestado una peligrosa legalización o aceptación en el imaginario colectivo colombiano, en el que se considera ‘razonable’ legitimar diferentes tipo de violencia en el país y al mismo tiempo, utilizarla como vehículo para participar en política y en la vida pública del país", señala el proyecto.

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Agregan los autores de la iniciativa que con esta reforma constitucional no se está cercenando la posibilidad de acudir a mecanismos de proporcionalidad de la pena, ni eliminar los mecanismos de selección material ni personal. "Por el contrario, lo que busca el presente proyecto, es fortalecer la democracia del país, y el primer paso para ello, es convenir como sociedad la implementación de medidas que rechacen el uso de la violencia (y su legitimación) como vehículo político para participar en democracia”.

El proyecto de reforma suprime de la Constitución el aparte donde establece que corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial, "conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares".

De igual forma, se elimina del texto constitucional la disposición que señala que la extradición no procederá por delitos políticos.