EL NUEVO SIGLO tuvo acceso al documento en el que especialistas del centro de educación superior como Lucas Marín Llanes, predoctoral Fellow Cesed; María Alejandra Vélez, directora Cesed y Michael Weintraub, director del Área de Seguridad, hicieron un análisis sobre control territorial, construcción de paz estable y duradera, seguridad urbana y convivencia, política de drogas, reforma de la Fuerza Pública y Protección del Ambiente.
Estos son precisamente, los principales puntos de la política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana diseñada por el Gobierno:
- Control territorial
Sobre este aspecto, la Universidad de los Andes hace algunas alertas al documento de Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana - Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026 (Psdcc) presentado por el Ejecutivo sobre la ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro, pero también pone de manifiesto la visión del Ejecutivo para solventar el problema de la violencia por medio del diálogo o a través de la sujeción de grupos armados al margen de la ley.
En primer lugar, habla sobre la necesidad de desarrollar un plan de acciones y una estrategia para llevar a cabo esos procesos de negociación de manera exitosa.
Para que el Gobierno sea efectivo durante las conversaciones de paz, la Universidad de los Andes sugiera priorizar a las organizaciones con las que pretende dialogar a corto, mediano y largo plazo. Estas acciones tendrán que ser monitoreadas tanto por el Estado colombiano como por la comunidad internacional.
En el estadio, se comparte la visión de una salida negociada entre el Gobierno y las organizaciones alzadas en armas, pero también se plantea la necesidad de que el Ejecutivo diseñe y ejecute estrategias militares para la recuperación de territorios “perdidos durante los últimos años”. Asimismo, se considera indispensable que las políticas de seguridad territorial incentiven a los grupos armados se comprometan con el proceso de paz en Colombia.
En el documento, se aborda el tema de la extorsión como el resultado de la pérdida de control por parte del Estado de algunos territorios. “Si bien el Gobierno le da prioridad a este fenómeno en el diagnóstico, es necesario que desarrolle una estrategia que permita la recuperación del control en zonas urbanas para reducir la extorsión, incluyendo una estrategia para aumentar las denuncias de este fenómeno. Teniendo en cuenta las bajas tasas de reporte de este delito, es crucial contar con una caracterización confiable de este fenómeno en todo el territorio nacional. Además, es necesario monitorear y evaluar rigurosamente estrategias implementadas por autoridades locales, la Policía Nacional y el sector privado para combatir la extorsión de manera que se puedan implementar políticas efectivas y escalables a nivel nacional”, plantean los expertos en dicho estudio.
- Construcción de paz estable y duradera
De acuerdo al documento Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, la construcción de la paz en el país se ve amenazada por el ataque y asesinato de líderes sociales, por lo que proteger su integridad y vida debe ser prioritario para el Gobierno nacional.
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Al respecto, se plantea un enfoque de prevención a los líderes sociales, los cuales están resumidos en seis puntos. El primero de ellos es disminuir la impunidad, por lo que también se plantea la posibilidad de que Fiscalía General de la Nación dé prioridad a los casos contra líderes sociales.
Como segunda recomendación, se busca promover los mecanismos para autogobernanza y protección articulados con organizaciones comunitarias, tomando en cuenta sus estrategias de resistencia. El Psdcc, también habla de adaptar los programas de protección a los contextos en los que se ejercen los liderazgos sociales. Los programas de alertas tempranas deben complementarse con medidas adaptadas al contexto en el cual los líderes ejercen su trabajo. En algunas zonas del país, la entrega de teléfonos, chalecos antibalas y esquemas de seguridad no es efectiva para proteger y prevenir violencias contra los líderes sociales.
También es vital la realización y divulgación de campañas relacionadas al trabajo que hacen estos líderes sociales en el país. Es necesaria la colaboración de los medios de comunicación tanto locales como nacionales. La quinta estrategia se basa en la promoción de estrategias que ayuden a conectar organizaciones comunitarias pequeñas con otras de mayor alcance para facilitar la comunicación de estrategias de protección y reducir su vulnerabilidad.
Por último, solicitan la articulación de políticas públicas en aquellos lugares donde generalmente prevalece la violencia con la información de la Fuerza Pública sobre el contexto para evitar que las intervenciones expongan a las comunidades y a los líderes.
- Seguridad urbana y convivencia
Sobre este punto, el Psdcc hace referencia a la importancia de asignar mayor cantidad de recursos a la policía. Pero las recomendaciones que hace al respecto la Universidad de los Andes están basadas en la necesidad de no otorgarles tareas ajenas al servicio de vigilancia de la Policía Nacional, como resguardo de eventos deportivos o servir como guardas de prisión en diferentes estaciones de policía.
Esto hace que los agentes incumplan en las actividades de vigilancia por falta de tiempo. Los expertos de la casa de educación superior consideran importante que responsabilidades adicionales deben ser asumidas por otros funcionarios.
A través del texto, también se considera indispensable ejecutar acciones para evitar violencia de género, por lo que plantea actividades que ‘no son adicionales’ para reducir el número de casos. Una de las más importantes es garantizar mayor presencia femenina en las estaciones policiales para fomentar la denuncia, así como impulsar programas de educación para las mujeres crear intervenciones para que trabajen con individuos o parejas para la reducción del uso de alcohol o sustancias nocivas. Pero también, se plantea una expansión de las líneas de escucha para facilitar el proceso de denuncia en contra de abusos y agresiones.
- Política de drogas
Los expertos de la Universidad de los Andes consideran que la Psdcc debe trabajar de la mano con el Ministerio de Justicia y con la Agencia de Renovación del Territorio para lograr estrategias complementarias y permitan un mejor manejo de las políticas de drogas en el país.
“Es necesario que estas entidades compartan el conocimiento y la información pertinente para que la Psdcc no cometa errores de diagnóstico sobre las dinámicas de la producción de cocaína como la diferenciación entre la hoja de coca y la cocaína, la identificación de los principales participantes en cada eslabón de la cadena de producción de cocaína, entre otros”, afirma el estudio.
En torno a una reforma de la política de drogas del Gobierno nacional para reducir la violencia y criminalización, no sugieren darle prioridad a la destrucción de toda la infraestructura para la transformación en pasta base de coca, ya que se trata de una actividad realizada por campesinos cultivadores o por recolectores de la coca. También creen oportuno el diseño de “una estrategia para el control de insumos para la producción de cocaína como la gasolina y el cemento”.
- Reforma de la Fuerza Pública
El documento de Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana - Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026 propone excluir la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.
Pero el texto de recomendaciones presentado por la Universidad de los Andes hace hincapié en hacer una evaluación sobre costos y beneficios vinculados a esta posibilidad, tomando en cuenta que “podría generar efectos de derrame para la operatividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
A propósito de una propuesta de reforma de la Fuerza Pública, en el estudio hecho por la casa de educación superior se considera útil incorporar componentes pedagógicos sobre la reforma a la política de droga. “La parte operativa de la política de drogas es liderada por la Fuerza Pública y es necesario capacitarlos en el nuevo enfoque para que el rol y el cumplimiento de los indicadores de éxito se implementen de manera eficiente”, según el análisis de los académicos.
- Protección del ambiente
Otro tema de interés dentro de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana - Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026 del Gobierno nacional es la protección del medio ambiente. De acuerdo al documento, los problemas vinculados a este sector han sido ocasionados por organizaciones criminales.
Al respecto, el estudio de la Universidad de los Andes establece que “el rol de la Fuerza Pública y del sector defensa debe priorizar lo relacionado con las acciones criminales contra el ambiente y en intervenciones que puedan poner en riesgo a las comunidades por las afectaciones que generan las organizaciones criminales. En ese sentido, consideramos que es deseable limitar la Psdcc a relaciones entre actividades ilegales como las intersecciones entre el lavado de activos, el acaparamiento ilegal de tierras y la deforestación. La política de seguridad no debe enfocarse en fortalecer la cooperación internacional, implementar programas de conservación, elaborar una “Estrategia Marítima y Fluvial Nacional”, fortalecer la participación de investigadores científicos en la Antártida, entre otras, como se menciona en la política. Sin embargo, la Psdcc debe buscar la articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras autoridades ambientales que no pueden ejercer su labor por el control territorial de grupos armados”.