102 encuestadoras avaladas para comicios de 2022

En total, 102 encuestadoras están actualmente inscritas ante el Consejo Nacional Electoral y, por lo tanto, avaladas para hacer encuestas y sondeos de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo del año venidero, respectivamente.

Las firmas encuestadoras del país tendrán que registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como requisito previo para que sus estudios de opinión sobre las preferencias políticas de los ciudadanos puedan ser publicados en los medios de comunicación.

Sólo podrán publicarse las encuestas de aquellas firmas que estén debidamente inscritas, las cuales deberán demostrar, al momento de su registro, la experiencia mínima de un año, representación legal y tres constancias de empresas o usuarios que certifiquen la idoneidad de su trabajo.

La mayoría de firmas encuestadoras hoy registradas tienen su sede en Bogotá, con 28; le sigue Cali (Valle) con 11; Medellín (Antioquia) con 9; Barranquilla (Atlántico) con 8; Bucaramanga (Santander) con 7; Valledupar (Cesar) con 6; Cartagena (Bolívar) con 4; Cúcuta (Norte de Santander) con 3; Pereira (Risaralda) con 3; Pasto (Nariño) con 3; Chía (Cundinamarca) con 2, Duitama (Boyacá) con 2; Manizales (Caldas) 2; Neiva (Huila) 2; Villavicencio (Meta) 2; Popayán (Cauca) 1; Puerto Berrío (Antioquia) 1; Rionegro (Antioquia) 1; Barrancabermeja (Santander) 1; Cartago (Valle) 1; Floridablanca (Santander) 1; Ibagué (Tolima) 1;  San José del Guaviare (Guaviare) 1; Soledad (Atlántico) con 1; y Tuluá (Valle) 1.

La reforma al Código Electoral que aprobó el Congreso en 2020 y que ahora está en control de la Corte Constitucional, reglamenta a fondo la elaboración y publicación de encuestas políticas.

Sigue debate por porte de armas

Un aporte al debate que hay en el país sobre mantener o no la restricción al porte de armas con salvoconducto, hizo ayer el presidente Ejecutivo de Fedegan, José Félix Lafaurie Rivera, quien dijo que “creo en el monopolio estatal de las armas y en nuestra Fuerza Pública, pero ante una situación de violencia desbordada, creo también en el derecho constitucional a la legítima defensa, que a ningún hombre libre se le puede negar”. La semana anterior los parlamentarios uribistas, la senadora María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, radicaron un proyecto de ley el cual busca que la suspensión al porte legal de armas se pueda hacer solo de forma excepcional.