En el marco de la discusión que se da en el Congreso por proyectos de reforma política, Transparencia por Colombia hizo varias recomendaciones, entre otras, mantener el esquema mixto de financiación de campañas, es decir, al lado de los dineros públicos permitir los de origen privado. Sobre el particular se refirió el director ejecutivo de esta oenegé, Gerardo Andrés Hernández.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la preocupación que tiene Transparencia por Colombia sobre la reforma política en financiación de campañas?
GERARDO ANDRÉS HERNÁNDEZ MONTES: El proyecto de ley está proponiendo una financiación 100% estatal. Nos hemos opuesto a esa opción, en primer lugar porque ya hoy en día la ley dice que la financiación política debe ser preponderantemente pública, lo que no se cumple en la realidad por varias razones, entre otras porque el financiamiento público a través de anticipos es muy demorado, es muy complicado, necesita de una gran cantidad de procedimientos. Y lo que hemos visto en la práctica es que se demora demasiado en llegar para financiar las campañas a tiempo, y eso entonces hace que se requiera el financiamiento privado.
Si no hay alguna manera de resolver que esos mecanismos de financiamiento público sean más ágiles y al mismo tiempo estamos prohibiendo el financiamiento privado, lo que estaríamos haciendo es más difícil la participación en política, sobre todo de aquellas organizaciones, movimientos, expresiones políticas, que no tienen previamente un recurso como lo puede hacer un partido político ya organizado. Entonces esto sería un factor adicional de inequidad. Nuestro planteamiento es que debería continuar siendo preponderantemente pública, pero garantizando que esos mecanismos de financiación logren ser más efectivos, con unos procedimientos más expeditos.
Por ejemplo, hemos visto en las elecciones anteriores con las circunscripciones especiales transitorias de paz, que mucha gente pidió anticipos para poder hacer campaña y requerían una gran cantidad de procedimientos, entre ellos pólizas, que difícilmente pudieron conseguir estas personas. Entonces realmente creemos que se trata de poder garantizar el principio de participación equitativa en política y, por lo tanto, hacer más efectivos los mecanismos de financiación pública y no prohibir la financiación privada.
ENS: ¿Entonces el problema no se soluciona prohibiendo la financiación privada sino ejerciendo mejores controles para saber de dónde vienen los recursos?
GAHM: Ante todo la celeridad en el financiamiento público que ya existe, y claro, para el caso del financiamiento privado ir fortaleciendo los mecanismos, los incentivos, para la transparencia, la rendición de cuentas. Por ejemplo, mejores capacidades de la autoridad electoral para hacer seguimiento, vigilancia, auditoría, a las cuentas que se reportan, y una mayor responsabilidad de los partidos políticos.
ENS: ¿Creen que el aplicativo Cuentas Claras es efectivo para el control de ingresos y gastos en las campañas?
GAHM: Sí, lo que hoy sabemos de financiación de partidos políticos es gracias a Cuentas Claras, si no tuviéramos Cuentas Claras estaríamos completamente en la opacidad. Lo que necesitamos, más que cuestionar el mecanismo, es seguirlo fortaleciendo, y ¿cómo se fortalece? Por supuesto haciendo más sencilla su interfaz con la ciudadanía, haciendo que realmente a la normatividad que existe, por ejemplo respecto a que los partidos, las campañas, tienen que entregar la información en tiempo real, se le haga seguimiento sobre gastos e ingresos de campañas.
Y por supuesto también poder contar con unas herramientas adicionales. Por ejemplo, se está planteando un registro de quiénes pueden ser proveedores de bienes y servicios de campañas. Es una idea muy interesante en la medida en que, además, si se trata de recurso público que se va a invertir en las campañas y los partidos, pues son recursos de todos, son recursos de nuestros impuestos, y por lo menos debemos saber cuáles son esas empresas que están legítimamente organizadas, responsables, que van a terminar beneficiándose de alguna manera de esos recursos de financiación de campaña.
En resumidas cuentas, lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo el mecanismo y en paralelo fortalecer la capacidad del Estado de hacer seguimiento a lo que no está registrado en Cuentas Claras. Lo que no está registrado en Cuentas Claras es financiación ilegal, y eso hace parte de delitos electorales hoy establecidos en la ley, y por lo tanto necesitan una persecución penal. Ahí está la complementariedad de los instrumentos.