DESDE LOS primeros días de enero del año en curso el mundo evidenció el inicio de la crisis en Ecuador por cuenta del narcotráfico. Tras una jornada de violencia sin precedentes, el presidente de ese país, Daniel Noboa, declaró al país en “conflicto armado interno” y ordenó a los militares neutralizar a las bandas narco criminales, quienes amenazaron con una escalada de asesinatos si no se llegaba a una negociación.

En respuesta a la creciente crisis de orden público en Ecuador, Colombia reforzó sus medidas de seguridad en la frontera, con el objetivo de impedir el ingreso de criminales y grupos delictivos provenientes del país vecino.

Por su parte, el director encargado de la Policía Nacional, general Alejandro Zapata, anunció un aumento significativo de controles en puntos clave de la frontera, especialmente en el departamento de Nariño, incluyendo lugares como Ipiales, Mataje, Chiles, y Carlos Lama, este último identificado como un paso ilegal. El objetivo es evitar la entrada de líderes delictivos ecuatorianos como Adolfo Macías, alias ‘Fito’, el fugitivo más peligroso de Ecuador tras su huida de la cárcel, presuntamente hacia Colombia.

Ante esta posibilidad, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Davos, Suiza, asegurando que todo criminal debe ser capturado.

“Si es una realidad, la orden es capturarlo y la inteligencia policial está trabajando ante los indicios para confirmar ese tipo de afirmaciones. Todo gran criminal tiene que ser capturado y Colombia ha de capturar a sus más grandes criminales”, anunció el presidente.

Consecuencias del crimen organizado

Por otra parte, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, afirmó en entrevista con EL NUEVO SIGLO que permanecen a la expectativa por las decisiones que han tomado los gobiernos de Ecuador y Colombia frente a temas como la repatriación de presos.

“Nosotros junto a Migración Colombia tenemos un dispositivo para atender cualquier emergencia que pueda ocurrir en ese sentido y esperamos que, ante cualquier situación de migración masiva con la presencia de presos, se puedan hacer los controles necesarios en migración. La situación en Ecuador está relacionada con el crimen organizado y por eso el presidente Novoa ha tomado la firme decisión de enfrentar esa situación que desestabiliza a su país. Nosotros estamos atentos y solidarios con el presidente Noboa frente a una realidad que Colombia vivió en los años 80”, sostuvo.

A su turno, Teresa de Jesús Enríquez, representante en la Cámara por Nariño, resaltó en diálogo con este medio que por parte del gobernador del departamento se han tomado algunas acciones como adelantar los consejos de seguridad que tienen la misión de realizar acciones para evitar mayores afectaciones.

“Se debe fortalecer a las Fuerzas Militares y de policía para que podamos realmente controlar el paso de estas bandas criminales al departamento de Nariño”, enfatizó la congresista.

Asimismo, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), indicó que la cruzada contra el narcotráfico en Ecuador afecta negativamente la situación de orden público en Nariño.

“Lo más importante es distinguir entre lo que son actividades violentas del narcotráfico con actividades de conflicto en general. Eso se ha logrado superar positivamente con las negociaciones en el sentido de que la Fuerza Pública puede seguir actuando en contra de grupos narcotraficantes. Como ha habido una presión de la Fuerza Pública y el Gobierno del Ecuador sobre los grupos narcotraficantes en ese país, pues es muy probable que vayamos a tener un efecto globo en Colombia en el sentido de que se trasladen muchas de las actividades de tráfico y narcóticos al Pacífico Nariñense, pero también actividades de procesamiento de droga en este lado de la frontera”, explicó.

Por último, Iván Javier Flórez Portilla, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, advirtió en diálogo con EL NUEVO SIGLO una serie de afectaciones que se están evidenciando en ese sector por cuenta de la situación fronteriza.

“La declaratoria de estado de excepción del Ecuador preocupa en torno al toque de queda entre las 5 de la tarde y las 5 de la mañana que hace que se limite el tiempo que tienen los extranjeros para visitar nuestra ciudad. La segunda medida que nos preocupa es la solicitud de pasado judicial apostillado para los colombianos para poder ingresar al Ecuador y la tercera medida y más preocupante es la repatriación de 1.500 presos colombianos que quedarían en el puente de Rumichaca. Nos preocupa tras ola de inseguridad que ha venido rodeando al municipio de Ipiales y a todo el departamento de Nariño, y a toda la frontera. Estas tres medidas ya empiezan a golpear y a crear pánico que no le hace bien a la economía del departamento de Nariño”, concluyó.

Repatriación de presos

En medio del temor y la incertidumbre que ha suscitado este panorama en ambos países, Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó que Colombia y Ecuador están en conversaciones para acordar un mecanismo de colaboración judicial entre ambos países que permita la repatriación de presos colombianos.

En declaraciones a los medios luego de participar en el panel, ‘Un momento clave para América Latina’, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el jefe de Estado declaró que: “Estamos en conversaciones, construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de colaboración judicial entre ambos países”.

Los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia manifestaron hace una semana que el país está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, mediante el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito entre ambas naciones el 18 de abril de 1990.

Sin embargo, advirtieron, que la repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, puesto que este es un proceso individual y no masivo, que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad.

“Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor al que ya existe”, subrayó.

Al respecto, Antonio Navarro, exalcalde de Pasto, exgobernador de Nariño y copresidente del Partido Alianza Verde; aseguró en EL NUEVO SIGLO que lo más riesgoso para Nariño es que lleven a la frontera los 1.500 presos colombianos en Ecuador, como lo anunció el presidente de ese país. Sostuvo, además, que otra de las afectaciones para el departamento es la reducción del turismo binacional.

En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, se reunió con su homóloga de Ecuador Gabriela Sommerfeld.

Durante el encuentro hablaron sobre el papel de los dos países en la integración latinoamericana y de cómo avanzar en acciones que permitan una colaboración judicial que, en el caso de la repatriación de presos, sea respetuosa de los sistemas jurídicos de ambos países y de las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad, bajo el entendido de que cada caso debe estudiarse individualmente