El martes, cuando apenas empezaba el año laboral para muchos, un grupo de delincuentes en Guayaquil, Ecuador, se tomó la sede del canal TC Televisión y fustigó a los presentadores. Luego, por la tarde, se presentaron enfrentamientos entre pandillas y el ejército, que dejaron más de ocho fallecidos. La crisis de orden público llevó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción y el conflicto interno armado, una figura pocas veces vista en el escenario de un combate entre el Estado y el crimen organizado.

América Latina está ante un nuevo escenario en el que varios gobiernos de la región buscan enfrentar el crimen organizado con estados de excepción que les otorgan medidas especiales a los cuerpos de seguridad para enfrentar las estructuras criminales.

Esta tendencia, la de declarar estados de excepción para recuperar el orden público y enfrentar el crimen, se repite de lado a lado y no es, necesariamente, una medida exclusiva de los gobiernos de derecha, como se suele asumir.

El caso de Brasil es paradigmático. Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente socialista, decretó en octubre la Ley de Garantía del Orden Público (GLO), que es, en esencia, similar a las medidas que recientemente ha tomado el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. La decisión adoptada por el brasileño, sin embargo, está focalizada en tres estados, a diferencia de la ecuatoriana, que es nacional.

La comparación entre Lula y Noboa permite ver que, independientemente de la posición política, varios presidentes de la región coinciden en que hay una crisis de seguridad que merece una atención especial. Países como Argentina, Ecuador, Brasil, Chile y Perú últimamente han tomado medidas que priorizan la seguridad y el orden público por encima de otros temas.

Unas veces, como en Brasil, las medidas tomadas se focalizan en regiones y no tienen alcance nacional, como en Ecuador. En Argentina, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Javier Milei, ha lanzado el “Plan Bandera”, para “liberar a Rosario de los narcos y ponerlos de rodilla de una vez y para siempre”. Rosario es la ciudad más peligrosa de Argentina por haberse convertido en un enclave del narcotráfico en el cono sur del continente.

Los focos en regiones o ciudades como Bahía o Rosario demuestran, también, que las crisis de seguridad en cada ciudad o región tiene elementos en común y el crimen organizado es el común denominador, así como grupos locales y pandillas que hacen parte de la cadena del microtráfico.

El panorama criminal es parecido de un lado al otro. “Los Monos”, una organización de más de 10 años, de Rosario, opera de manera similar a “Los Choneros” o “Los Lobos”, grupos de crimen organizado en Ecuador. Todos empezaron como organizaciones de microtráfico localizadas en barrios estratégicos y poco a poco han ido creciendo hasta convertirse en el epicentro del narcotráfico en sus países.

Estos grupos criminales tienen aliados internacionales que aseguran el suministro de bienes ilegales, como alcaloides y drogas sintéticas, así como minerales extraídos de forma ilegal, tráfico de armas y personas, y contrabando.

Las investigaciones de Insight Crime y Crisis Group han mostrado que estas alianzas se dan, por ejemplo, entre productores de alcaloides como el frente “Oliver Sinisterra” de las Farc y “Los Choneros”, quienes se encargan de acopiar la cocaína y distribuirla desde los puertos ecuatorianos de Salinas, Guayaquil y Esmeraldas. Según EL NUEVO SIGLO, el líder de “Los Choneros”, alias “Fito”, que se fugó de una cárcel ecuatoriana a comienzos del año, estaría en Colombia, protegido por esta estructura criminal –no la llamaría insurgente– colombiana, que opera en Nariño y Cauca.

Las relaciones criminales entre “Los Choneros” y las Farc demuestran que el crimen organizado en Ecuador, Colombia o Perú es transnacional y opera a través de alianzas internacionales tanto para suministrar bienes ilícitos, como para proteger criminales.

Lejos de estas dinámicas transnacionales, los grupos locales o pandillas, que hacen parte de la crisis de seguridad regional, afectan la seguridad también. En Guayaquil, por ejemplo, existe una disputa territorial por el control del microtráfico entre diferentes pandillas que pelean por barrios y calles y son responsables, con el crimen organizado, del aumento de la tasa de homicidios en esta ciudad, que en 2023 cerró con 42,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen de Ecuador.

Como se ve, la crisis de seguridad de ciudades como Guayaquil, Rosario o Bahía tiene como protagonista principal el crimen organizado, que tiene vínculos transnacionales, nacionales y locales, y es capaz de acorralar a los organismos de seguridad y a la ciudadanía. También hay pandillas y otros grupos en este círculo violento.

Conflicto interno armado

Los Convenios de Ginebra y la jurisprudencia internacional exigen que, para declarar el conflicto interno armado, este alcance un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en él tengan una estructura organizada. En América Latina, Ecuador, que enfrenta a 22 grupos criminales, según la Fiscalía de este país, es el primer país en usar esta figura para declararle la guerra al crimen organizado, ya que en los casos de Perú y Colombia se había decretado un conflicto interno armado contra grupos insurgentes o guerrillas (Sendero Luminoso y las Farc), no contra el crimen organizado.

La decisión de Noboa de declarar el conflicto interno armado no ha estado exenta de debate. Es cierto que el crimen organizado ecuatoriano opera en casi todo el país y tiene una capacidad de hacer daño al punto de, presuntamente, asesinar candidatos presidenciales. Pero muchos de estos grupos están fragmentados o no tienen una unidad de mando similar a la de grupos de autodefensas o insurgencias. Carecen de suficiente organización. ¿Es, entonces, correcta tal declaratoria?

Otros países que también han enfrentado poderosas estructuras criminales han evitado declarar el conflicto interno armado. Nayib Bukele ha decretado repetidos estados de excepción que les han dado facultades especiales a las fuerzas de seguridad salvadoreñas para combatir a Las Maras, sin necesidad de declarar el conflicto interno armado.

La discusión está ahí y lo cierto es que Ecuador entra en una guerra declarada contra el crimen organizado, con unas fuerzas de seguridad que tienen facultades especiales para enfrentar a las estructuras criminales.

También, con esta declaratoria, queda claro que Ecuador es el primer país en decretar que existen conflictos de tipo cartel-Estado que ya no son subtipos de las guerras civiles entre insurgencias y Estados, y están en el mismo nivel práctico y teórico.

Sin embargo, vale la pena hacer algunas precisiones. Los insurgentes y las organizaciones de crimen organizado tienen motivos diferentes que influyen directamente en sus comportamientos. Según Benjamin Lessing, profesor de criminología y crimen organizado en la Universidad de Chicago, el objetivo de la insurgencia es la conquista del poder, mientras que el crimen organizado no busca conquistar, sino generar una coerción para que su oponente, en este caso el Estado, cambie un comportamiento o política.

En Ecuador, parece que el crimen organizado ha venido aumentando sus acciones coercitivas por la captura de los máximos líderes narcotraficantes como “Rapiña” (muerto) o “Fito” y la declaratoria de jueces y políticos (Fernando Villavicencio), que, en vez de relajar las acciones contra el crimen, han buscado enfrentarlo.

Mano dura en 2024

Ante la crisis de seguridad, Noboa ha lanzado una política de seguridad para enfrentar el crimen organizado que, inevitablemente, lleva a que uno piense en el modelo Bukele. ¿Va Ecuador camino a ser El Salvador?

Noboa llegó al poder en noviembre de 2023 y desde entonces ha dicho que va a construir más cárceles y desplegar el ejército y la policía en todo el país. Estas son medidas que en general la ciudadanía espera ante la crisis de seguridad del Ecuador, que se acentuó con las violentas elecciones presidenciales que tuvieron, entre varios hechos, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Con la expulsión de 1.500 presos colombianos y de otras nacionalidades del Ecuador, y el plan de construir más cárceles, todo indica que Noboa va a ampliar considerablemente el cupo de las prisiones para encarcelar a centenares de miembros del crimen organizado.

Ampliar el número de cárceles sin una reforma carcelaria puede ser contradictorio. En Ecuador, como en Brasil, donde opera centralmente el Comando Vermelho, las cárceles son el centro de las operaciones y en ellas existe una red criminal en la que también participan funcionarios carcelarios, jueces, policías y fiscales. En diciembre se desarticuló, en la “Operación Metástasis”, una de estas redes criminales carcelarias, en la que se capturó a más de 90 funcionarios. No obstante, la reforma carcelaria es urgente, si se quiere recluir con efectividad a los miembros del crimen organizado ecuatoriano.

Noboa, además, sigue el patrón del modelo Bukele, que se basa en estados de excepción, toques de queda, protección de políticos y judicatura, y controles policiales. Todo esto en medio de facultades especiales otorgadas por el estado de excepción.

La gran diferencia está, como se ha dicho, en que Noboa ha declarado el conflicto interno armado. ¿Esta condición le permite tener acciones más frontales y sin un tiempo específico como obligan los estados de excepción, contra el crimen organizado? ¿No necesita de estados de excepción para otorgarles medidas especiales a las fuerzas armadas ecuatorianas?

La guerra en el Ecuador ha comenzado y tendrá enormes implicaciones en la región. La tendencia apunta a que varios países empezarán a decretar estados de excepción para enfrentar el crimen organizado. Otros, incluso, seguirán el camino de Noboa, decretando un conflicto interno armado. Sea cual sea el modelo a seguir, América Latina comienza este 2024 enfocada en el crimen organizado y la forma de combatirlo.