A través de un comunicado, la Procuraduría General pidió a la Corte Constitucional darle prioridad al trámite y revisión del convenio firmado entre Colombia y Francia para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.

En el documento, la procuradora Margarita Cabello señaló que, aunque los términos para el análisis de constitucionalidad vencen en el mes de febrero del próximo año, se debe efectuar prontamente porque “la entrada en vigencia del convenio mejorará la competitividad de las compañías nacionales, beneficiará a las personas naturales, así como abrirá oportunidades comerciales y culturales para los colombianos, por tratarse de un asunto de trascendencia social”.

Además, la funcionaria agregó que el convenio “será un mecanismo fundamental para combatir la evasión y la elusión tributaria de manera conjunta entre las autoridades de ambos países y, con ello, salvaguardar el patrimonio nacional”.

De igual manera, Cabello resaltó la necesidad de honrar con prontitud los compromisos internacionales del Estado colombiano adquiridos con un país aliado, como lo es Francia, aun “cuando se trata de la adopción de un tratado que no es extraño en el ordenamiento jurídico, en tanto se asimila a los suscritos previamente con otros países a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han sido declarados exequibles por la Corte Constitucional”.

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En cuanto a la constitucionalidad del convenio firmado, el Ministerio Público rindió concepto en septiembre último, en el que solicitó declararlo exequible al encontrarlo ajustado a su carta política.

Cabe recordar que este convenio entre Colombia y Francia fue aprobado en el Congreso de la República, por lo que fue entregado al Alto Tribunal para su revisión y correspondiente aprobación.

“Este Convenio será un instrumento fundamental para remover los obstáculos creados por la doble tributación internacional al comercio, la inversión y el intercambio en general entre los dos países”, se lee en este documento pactado entre ambas naciones.

También expresa que, una vez entre en vigencia, “el Convenio permitirá mejorar la competitividad de nuestras empresas, beneficiará a personas naturales y abrirá nuevas y mayores oportunidades comerciales y culturales para Colombia”.

Adicionalmente, el Gobierno colombiano mencionó que esta “será una herramienta fundamental de cooperación internacional entre las autoridades tributarias de ambos países para, juntos, combatir con mayor vehemencia la evasión y la elusión tributaria”.