La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien recientemente presentó su renuncia irrevocable al cargo, enfrenta un posible arresto de seis meses y una multa equivalente a 20 salarios mínimos por un incidente de desacato relacionado con una acción de tutela interpuesta por Ivonne González, representante de la Asociación de Mineros de Santurbán.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga le otorgó un plazo de 48 horas para responder a la tutela que exige explicaciones sobre la declaratoria de un área de reserva temporal en el complejo natural de Santurbán. La controversia radica en que, según los mineros de la región, el Ministerio de Ambiente no ha brindado información clara ni ha realizado una consulta previa con las comunidades afectadas.

Ivonne González, quien lidera la oposición a la medida, argumenta que la decisión gubernamental amenaza la actividad minera legal y la economía de más de 35.000 habitantes de la Provincia de Soto Norte. "Por dignidad, la ministra debería responder a todas las personas perjudicadas", declaró González, reiterando que la zona afectada por la reserva abarca más del 98 % del territorio de seis municipios: California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, así como el 30 % del área rural de Bucaramanga.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también cuestiona la actuación del Ministerio de Ambiente, advirtiendo que la incertidumbre generada por la delimitación de la reserva podría derivar en desplazamientos forzados, ya que el 90% de la Provincia de Soto Norte depende de la minería. En una carta enviada a la ministra, Díaz insistió en la necesidad de buscar acuerdos que protejan tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente asegura que sí dio respuesta al fallo de tutela el pasado 18 de febrero, enviando la información requerida a Ivonne González. No obstante, el Tribunal Superior de Bucaramanga determinó que la respuesta no cumplía con los requerimientos judiciales, por lo que ordenó un nuevo pronunciamiento en el plazo estipulado.

González y otros líderes mineros denunciaron que las mesas de socialización promovidas por el ministerio fueron un fracaso, alegando falta de garantías y ausencia de organismos de control. "No estamos pidiendo minería en el páramo, eso es absurdo. Lo que exigimos es que no nos criminalicen y que no impongan medidas inconsultas", afirmó la representante de Asomineros Vetas.