Nuevos desarrollos se dieron en el escándalo por el contrato entre el Ministerio de las TIC y el consorcio Unión Temporal Centros Poblados.

De un lado, el abogado Jorge Pino Ricci declaró ayer que el capturado Emilio Tapia -a quien se le dictó el lunes orden de detención pero no ha ido a la cárcel por encontrarse en un centro médico- participó como estructurador del proyecto que se presentó al Ministerio para instalar 7 mil puntos de acceso a internet en zonas rurales del país.

Como se sabe, tras revelarse una serie de anomalías en las pólizas de responsabilidad bancaria, ese contrato fue objeto de caducidad, tiene embolatado un anticipo de $70 mil millones de pesos y terminó llevando a la renuncia de la ministra Karen Abudinen, que fue objeto de un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. 

Pino Ricci dijo que Tapia -condenado años atrás por el escándalo del ‘Carrusel de la contratación en Bogotá- “tuvo una participación como estructurador del proyecto, actuó como asesor del proyecto, pero no tiene nada que ver como propietario de ninguna de las empresas del consorcio”.

Estas declaraciones se conocieron ayer luego de las órdenes de captura que se expidieron el pasado lunes por parte de la Fiscalía contra Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.

“No es dueño”

“Primero quiero aclarar que los representantes legales de la Unión Temporal me confirman que el señor Emilio Tapia no es propietario de ninguna de las empresas asociadas.  Él tuvo una participación como estructurador del proyecto. Es decir, asesoró la unión de varias empresas ya que él conocía y tenía alguna relación de amistad con los representantes legales. Asesoró a la Unión para participar en el proceso y él ha declarado que esa es una actuación lícita de una persona que ya había adquirido unos compromisos con la justicia, pero que de alguna manera necesita de una actividad para trabajar y poder sostener a su familia”, dijo el penalista que ayer habló con distintas emisoras.

Consultado el abogado en torno a si no era necesario prender las alarmas cuando se conoció el nombre de Tapia en el proceso, por sus antecedentes en el caso de Bogotá, aclaró que ese era un caso juzgado.

“La participación de Emilio Tapia en el carrusel de la contratación es ya ampliamente conocido y el aceptó cargos, avanzó en un proceso con la justicia y gracias a sus testimonios muchos funcionarios públicos fueron capturados y judicializados”, respondió.

Agregó que “… no encuentro ningún obstáculo para que una persona, que gracias a su testimonio logró la condena de otros que actuaron indebidamente, se pueda resocializar y pueda realizar actividades que le permitan subsistir. No encuentro nada de malo en ese comportamiento”.

Sobre cuál fue la participación de Tapia en términos económicos en el proceso, Ricci aseguró que “ese nivel de detalle no lo tengo. No conozco si hizo aportes económicos al proyecto, no conozco el contrato que pudo haber celebrado con los integrantes o con algunos de los integrantes de la unión temporal”.

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¿Y las pólizas?

Finalmente el abogado especuló sobre las pólizas falsas que se presentaron en el contrato: “Yo no tengo pruebas, pero existe un fuerte rumor de que dos hombres y una mujer funcionarios del Banco Itaú, hacen parte de un grupo de personas dedicadas a expedir garantías sin ningún tipo de cumplimiento de requisitos legales internos, en una organización compleja como lo es una entidad bancaria”.

Concluyó que “dicho grupo de personas crean dominios falsos, centros de atención falsos, para que la gente al recibir la garantía, cuando indagan en internet,  encuentren una respuesta positiva. Si eso se comprueba se demostraría todo un entramado de pólizas falsas, que dejaría al banco con muchas dudas y tendría que admitir su responsabilidad. Por tanto estamos a la espera del avance de las investigaciones, por parte de la Fiscalía, para saber si eso es cierto. Y si es cierto se demostraría que los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados actuaron de buena fe y que fueron engañados por los funcionarios del banco”.

No aceptan cargos

De otro lado, durante la audiencia ayer de imputación de cargos, Tapia, Laverde y Duque se declararon inocentes. Acto seguido el juez de control de garantías legalizó las capturas por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

La Fiscalía indicó que los imputados indujeron a error a los funcionarios del Ministerio para la adjudicación del cuestionado contrato. 

En ente acusador dio a conocer que fue determinante el testimonio que rindió Juan Carlos Ángel, propietario de una empresa proveedora de la Unión Temporal Centros Poblados, y Jorge Alfonso Molina, quienes ayudaron a desentrañar el tema de las garantías falsas.

La fiscal 73 de la Unidad Anticorrupción expresó que tiene evidencia probatoria suficiente para determinar que los tres capturados tuvieron una activa participación en el plan para manipular la licitación y recibir el billonario contrato.

La exministra Abudinen anunció ayer que solicitará constituirse como víctima en el caso del contrato de Centros Poblados, el cual le costó su salida del cargo.

Acompañada de su abogado, el penalista, Jaime Lombana, se disponía a hacer la respectiva solicitud ayer durante la audiencia de imputación de cargos contra varios de los capturados por el contrato de Centros Poblados.

La exministra ya está siendo indagada disciplinariamente por la Procuraduría, pero se esperan los pronunciamientos de la Contraloría y la Fiscalía, que adelantan sendas investigaciones en lo penal.

Ayer, al cierre de esta edición, todavía no se había decidido si la exministra será aceptada como víctima o, por el contrario, podría ser eventualmente imputada más adelante.