Texto reforma Constitucional: Petro podría otorgar “perdón judicial” | El Nuevo Siglo
Foto: archivo El Nuevo Siglo - Catalina Olaya
Martes, 9 de Abril de 2024

HAY ALERTA en el Congreso de la República ante la posibilidad de que el Gobierno presente una reforma constitucional que daría al presidente Gustavo Petro facultades especiales como la de ofrecer “perdón judicial”. Desde ya, la propuesta ha generado controversial y algunos senadores han manifestado que no habrá respaldo para ella en el legislativo.

 

 

La primera en advertirlo fue la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien, por medio de X, publicó unos apartados del documento, los cuales criticó.

"Pongamos en la constitución facultades presidenciales para poner punto final con impunidad para todos los criminales, incluyendo por delitos de corrupción. Este grito en el silencio que ronda hace meses ¿Quién lo apoya?", trinó la parlamentaria.

El documento destaca que el jefe de la Casa de Nariño podría anular de forma directa las condenas y sanciones judiciales de los delincuentes, así como las investigaciones que se adelanten en su contra.

"El presidente de la República podrá otorgar perdón (caducidad-extinción de la acción penal) judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente por política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad generado por éste. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", señala el documento.

En el artículo 2, agrega que "el efecto del perdón así concedido será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos a los afectados".

Otra facultad especial que el proyecto daría a Petro sería pedirle a la JEP la apertura de un macro caso para "establecer que dentro de una política de Estado se vulneraron los derechos de actores políticos y ciudadanos, que tienen derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, ya que fueron judicializados por decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas y por la falta de separación real de los poderes públicos en Colombia".

En ese sentido, argumenta que los "los beneficiarios del perdón judicial del que habla este acto legislativo que incurran nuevamente en corrupción y/o  cualquier comportamiento o actividad que vulnere los derechos fundamentales, la administración y el erario público perderá todos los derechos adquiridos a través de esta Ley".

Proyecto sin respaldo

Además de Lozano, otros senadores también manifestaron su desacuerdo. Al respecto, la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia, dijo que no debe existir un perdón generalizado para todos los delincuentes.

“Uno de los propósitos de quienes empuñaron las armas, guerrilleros y paramilitares es untarnos de responsabilidad a todos, por eso ellos quieren decir que el presidente Uribe tiene que ser culpable de algo para obligarnos a aceptar un perdón generalizado, ni perdón para los delincuentes, ni amnistía para los delincuentes, los delincuentes a la cárcel”, dijo.

Como una vergüenza nacional tildó el senador Ariel Ávila este proyecto. “Este proyecto es una vergüenza institucional, leyes de punto final no va a haber porque es imposible jurídicamente, los sistemas transicionales solo se permiten en dictaduras o en conflicto armados para aliviar una situación humanitaria, pero de ahí a perdonar casos de corrupción, robo de celulares, yo creo que estamos muy lejos de eso”, manifestó.

Además, destacó que “esto ocurre porque el Gobierno no ha sido capaz de presentar un proyecto de sometimiento a la justicia, lo tiene que presentar para que ideas locas como esta no sigan surgiendo”.

El senador Iván Cepeda también se pronunció. “Tal y como me señalan que está elaborado, creo que es inconstitucional. Nadie está en contra de la reconciliación y que haya una justicia restaurativa, pero tiene que ser dentro de los parámetros de la Constitución y la ley”.

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