LA POLÉMICA en torno a la licitación de pasaportes continúa, esta vez con una reciente petición hecha por la firma Thomas Greg & Sons a la Cancillería para que justifique su decisión de no continuar con el proceso, a pesar de que el secretario general, José Antonio Salazar, había adjudicado el contrato.

“Teniendo en cuenta que se encuentra en firme y gozan de presunción de legalidad los actos administrativos referenciados en el asunto, y vencido el plazo señalado en el pliego de condiciones para la suscripción del contrato, sin que a la fecha el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hubiere hecho manifestación alguna”, manifestó la representante legal de UT Pasaporte 2023, Ana María Gómez, a través de una carta.

Además, la compañía solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar de inmediato los movimientos presupuestales para concretar la celebración del contrato para el proceso de elaboración de los pasaportes.

En torno a ello, Thomas Greg manifestó que dichos movimientos presupuestales “son perfectamente válidos y posibles a la luz de la normatividad vigente y de los recursos disponibles y proceder a adoptar las medidas necesarias para la formalización del contrato derivado de los actos, esto es, proceder con la suscripción del contrato en la plataforma Secop II”.

La misiva también indica que “no es cierto que los mencionados actos administrativos se encuentren viciados y, por el contrario, ellos se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico, fueron expedidos por el funcionario competente siguiendo los procedimientos legales pertinentes, están debidamente motivados y persiguen garantizar el interés general y los derechos fundamentales de los colombianos”.

Este nuevo pronunciamiento de Thomas Greg & Sons surge una vez que el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, informara que se analizaban medidas jurídicas para echar dejar sin efecto el contrato de licitación para el suministro de pasaportes que hizo Salazar, razón por la que fue declarado insubsistente.

La decisión de Procuraduría

Procuraduría General de la Nación dejó en firme la suspensión provisional del canciller Álvaro Leyva. Como se sabe, a finales de enero, el ente de control decidió apartarlo de su cargo por tres meses alegando presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.

Durante la jornada de audiencia disciplinaria ayer, los abogados defensores de Leyva, liderados por Yefferson Dueñas, comparecieron ante la Procuraduría para argumentar a favor de su cliente.

Aunque el funcionario no estuvo presente en la audiencia, la defensa planteó que Leyva había delegado la supervisión del proceso de licitación en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que, según ellos, justificaría la revocación de la suspensión.

No obstante, el procurador Ernesto Espinosa rechazó la justificación al sostener que los fundamentos que llevaron a la imposición de la suspensión seguían vigentes.

Entretanto, enfatizó que, en la necesidad de preservar la integridad y la imparcialidad en el proceso de contratación de pasaportes, señalando que las acusaciones contra Leyva son de suma gravedad y requieren una investigación exhaustiva.

“Suspensión sin precedentes”

Tres argumentos utilizaron los abogados defensores de Leyva, en medio de la solicitud de nulidad del proceso disciplinario en contra del canciller apartado. “La ambigüedad en los cargos, la falta de imparcialidad y la indebida lección del procedimiento verbal”, de acuerdo a la petición presentada.

Además, indicaron que se trata de una suspensión sin precedentes. “Lo que hoy nos convoca no tiene antecedentes en el país, un canciller de la República suspendido por no haber adjudicado un proceso licitatorio que advertía, estaba direccionado. En la historia del país nunca se ha investigado a una persona que previene el direccionamiento”, destacaron los apoderados del alto funcionario.

También enfatizaron en que “en la práctica nos demuestra qué se investiga en este país, es para las personas que habiendo un direccionamiento permiten adjudicarlo a quien ha sido beneficiario de eso, se conoce como pliego sastre”.