Hasta el jueves 23 de diciembre se extendieron las sesiones extraordinarias en el Congreso de la República y, en estos días, uno de los tres proyectos que se van a discutir y que el Gobierno quiere sacar adelante es de la seguridad ciudadana.

De esta manera el presidente Iván Duque y el ministro del Interior, Daniel Palacios, quienes firmaron el decreto que convoca a esas sesiones, buscarán que se le dé trámite legislativo a esta iniciativa que incluso cuenta con mensaje de urgencia.

El ministro Palacios ha dicho dentro del mismo recinto del Congreso que lo que se busca con este proyecto es blindar a la justicia para combatir la criminalidad en el país. También explicó que la intención del Gobierno es endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas, entre otras medidas.

“Este proyecto traerá las sanciones de reincidencia para quien haya sido condenado bajo un delito agravado en los cinco años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma traumática, de igual forma el homicidio cuando se haya cometido a un miembro de la fuerza pública tendrá la mayor sanción en el código penal”, afirmó el Jefe de la cartera.

Además del Ministerio del Interior, según dijo Palacios, también trabajan de manera articulada en este proyecto el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía General, el Congreso de la República, alcaldías y gobernaciones.

Por último, Palacios destacó que, “enviamos un mensaje claro y contundente, que el delincuente violento, mientras espera su juicio, lo debe hacer en un Centro de Reclusión de manera intramural y no en la calle esperando el juicio. Eso es un mensaje que estamos mandando aquí, a quien cometa un delito violento a través de la implementación de arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, la medida de aseguramiento tendrá que ser intramural”.

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A favor

Como ya es costumbre, este proyecto se convirtió en un tire y afloje entre los partidos que apoyan el Gobierno y los de oposición.

Dentro del primer grupo se encuentra el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que “este es un proyecto que yo creo que la ciudadanía lo reclama, porque hoy vemos cómo cogen al ladrón in fraganti y luego no lo judicializan; eso lleva a que haya un 97% de impunidad, lo que hoy tiene ese tipo de delincuentes como el atracador que no le pasa nada. ¿Qué queremos? Que estas personas vayan a la cárcel, porque el que la hace la debe pagar”.

Aseguró que este proyecto tiene en cuenta algunas observaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los temas de la protesta social.

“Y se les otorga a las empresas, a los hoteles, una deducción para que puedan tener tarifas preferenciales con la policía y de esta manera le demos el honor a aquellos que tanto nos sirven y que luchan todos los días por la seguridad de todos los ciudadanos”, añadió.

“Es un proyecto que yo creo que el Congreso, más en esta situación donde vemos que la inseguridad está en su tope, es un aliciente a toda la ciudadanía, y por eso lo va a aprobar rápidamente”, sostuvo. 

Sobre el contrapeso que le ha puesto la oposición, adujo que ellos no están de acuerdo por temas politiqueros. “Yo les he dicho: si no les gusta presenten una alternativa, pero son tan obtusos que no presentan alternativas, se mantienen en oponerse a todo. Cuando nosotros éramos oposición siempre presentábamos una alternativa mejor, en este caso no es así”.

Por ahora le faltan dos debates, el de las plenarias del Senado y el de la Cámara, y se espera que a más tardar el martes o miércoles esté aprobado, según explicó Rodríguez.

Uno de los autores y ponentes de este proyecto es el representante por Bogotá Juan Manuel Daza (Centro Democrático), quien en los últimos dos días se ha dedicado a explicar el proyecto a través de sus redes. “Hoy uno de los mayores temores que sentimos los colombianos es salir de nuestras casas, las noticias de hurto en todo el país son el pan de cada día, no queremos ver cada vez más familias llorar la muerte de su ser querido por robarle un celular o una bicicleta”.

Recordó que, según la encuesta del DANE sobre seguridad y convivencia en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Cartagena, o Pasto, la percepción de inseguridad fue superior al 70%. “Esto no puede seguir siendo así. Como coordinador y coautor de este proyecto buscamos medidas que permitan a nuestras autoridades y a nuestros jueces imponer sanciones más severas a quienes infringen la ley y además evitar que quienes cometen estos hechos salgan nuevamente a la calle”.   

“Quienes cometan delitos van a ir presos bajo un procedimiento rápido y ya no tendrán la excusa donde siempre salían libres y donde el ciudadano veía cómo no se hacía justicia. Este es un mensaje claro a la delincuencia, se les acabó el jueguito de andar violentando a la ciudadanía y que no pasara nada”. 

En contra

El viernes pasado los partidos de oposición radicaron una ponencia de archivo para el proyecto de seguridad ciudadana que presentó el Gobierno nacional y que se debatirá en plenaria de la Cámara de Representantes.

Ante el llamado a sesiones extras en el Congreso para debatir el proyecto de seguridad ciudadana que presentó el Gobierno nacional, los partidos de oposición ya señalaron que no lo apoyarán y radicaron una ponencia de archivo al considerar que va en contravía de los derechos humanos y de los ciudadanos. En ese sentido, la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda advirtió que “desde el partido Alianza Verde consideramos que esta iniciativa es absolutamente inconveniente porque no responde al llamado de la ciudadanía”.

Otro de los congresistas que se pronunció en contra fue el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien expuso en sus redes: “El Gobierno citó sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar el nefasto proyecto de 'Seguridad Ciudadana'. La iniciativa crea condiciones para nuevas violaciones de DD.HH., como las que aparecen denunciadas en recientes informes”.

De acuerdo con Cepeda, algunos de sus principales problemas son: “Incentiva la justicia por mano propia. El proyecto flexibiliza los criterios de 'legítima defensa' y se convierte en un aliciente para que la ciudadanía se arme. En vez de perseguir la delincuencia, generará más problemas de seguridad y convivencia”.

“Criminaliza la protesta social: la iniciativa aumenta la pena para los delitos que se usan de forma arbitraria para perseguir manifestantes, y crea el delito de obstrucción a la función pública, poniendo en riesgo la labor de las y los defensores de DD.HH. durante las protestas”, continúa.

“Crea incentivos injustificados para la fuerza pública. Le otorga descuentos permanentes en hoteles, tiquetes aéreos y transporte público, sin distinguir entre los agentes investigados por corrupción y violaciones a los derechos humanos”, finaliza.

Habrá que ver quién gana el pulso sobre este proyecto de seguridad en vísperas de Navidad.