Una situación coyuntural se presentará esta semana para Colombia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, por el hecho de que serán votadas sendas resoluciones condenatorias contra Nicaragua y Venezuela por las violaciones a los derechos humanos. El presidente Gustavo Petro ha manifestado que en la política exterior de su gobierno está no tener injerencia en los asuntos internos de otras naciones; sin embargo, está también la tradición de nuestro país de la defensa en el plano internacional de los derechos humanos.

Precisamente una polémica se dio el pasado 12 de agosto porque Colombia no participó en la audiencia del Consejo Permanente de la ONU, en Nueva York, en la que se votó una resolución condenatoria contra Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos, la persecución a los políticos de oposición y a la misma Iglesia.

En esta oportunidad, el canciller Álvaro Leyva explicó que Colombia no participó en esa audiencia porque, por esos días, se hacían acercamientos con el régimen de Daniel Ortega de tipo humanitarios para buscar fueran liberadas las personas que ha encarcelado ese régimen por motivos políticos. Sin embargo, esos buenos oficios no quedaron en nada.

Días después Colombia votó en el Consejo de Derechos Humanos de ONU, en Ginebra (Suiza), una resolución contra Nicaragua por la situación que allí se vive.

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos sobre cómo debería resolver Colombia esta situación, a la hora de que se pongan en consideración de los países del continente las resoluciones contra Nicaragua y Venezuela por la afectación que sus respectivos gobiernos han hecho a los derechos humanos.

El académico e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, indicó a EL NUEVO SIGLO que el Estado colombiano ha mantenido en el concierto internacional una postura en favor de la defensa de los derechos humanos, la cual no ha variado independientemente del gobierno que ocupe la Casa de Nariño.

Agregó que en el caso de la 52.º Asamblea General de OEA esta semana en Lima, en esa línea el país no puede abstraerse de la grave situación de derechos humanos que se presenta tanto en Venezuela como en Nicaragua.

Afirmó Rodríguez que, si bien este Gobierno restableció las relaciones con Venezuela y siguen los acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro para normalizar la agenda en distintos campos, ello no debe limitar sus posturas a nivel internacional, en este caso en la OEA, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Para citar un ejemplo, dijo el internacionalista, “el presidente de Chile, Gabriel Boric, a pesar de que encabeza un gobierno de izquierda, ha criticado la situación de derechos humanos en Venezuela”.

• Le puede interesar: Blinken apoya "enfoque holístico" de Petro en lucha antidrogas

Otras voces

Por su parte, José Ángel Hernández, internacionalista y director de la maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Sergio Arboleda, dijo a este Diario que “el gobierno colombiano está ahora mismo en una situación complicada, en cuanto a esa resolución, que pueda salir o no”.

Añadió que evidentemente Venezuela y Nicaragua “son dos sistemas políticos con vocación de totalitarismo y de represión, no solo porque en Nicaragua se están cometiendo atropellos contra los contendores políticos sino también contra la Iglesia, que parecería que sería algo que pasaría líneas rojas ya del todo”. 

Y en el caso venezolano, consideró Hernández, “pues no hace falta que se explique lo que son las políticas del presidente Maduro con respecto a la oposición, agresiones a los candidatos políticos, persecuciones, cárcel e, incluso, torturas”.

Agregó el internacionalista que cuando se proponga esa resolución en la Asamblea General de la OEA condenando lo que sucede ya en Nicaragua y Venezuela y “llegue el momento de votar, desde luego ahí se va a notar que Colombia ya no está en la línea que estaba el gobierno anterior del presidente Duque de denuncia frente a los atropellos”.

Consideró que Colombia “intentará congeniarse con Venezuela”, no “diría tanto como aliado pleno”. Agregó que al “Gobierno actual le conviene llevarse bien con Venezuela” porque “comparten ideario político, digamos que están dentro de esa línea cercana al populismo de izquierda. Recordemos que el mismo presidente Petro le ha tendido la mano a Maduro”.

El académico consideró que podría ocurrir esta semana en la Asamblea General de la OEA en Lima que la Cancillería colombiana “mantuviera una posición intermedia, porque una alineación clara y evidente con estos dos gobiernos pues situaría a Colombia un poco en ese grupo de países fuera de lugar que en la comunidad internacional se ven con estupor, pero que parece se instauran en América Latina”.

De su lado, el excanciller Fernando Araújo Perdomo indicó a este Medio que “lo que debería pasar desde el punto de vista de la defensa de los Derechos Humanos, es que Colombia debería votar favorablemente ambas resoluciones condenatorias. Eso es lo que debe ser. Ahora desde el punto de vista de los intereses de Colombia frente a Nicaragua y a Venezuela, lo que va a pasar es lo que el Gobierno considere que más le conviene al momento actual que está viviendo”.

Agregó Araújo que, si se “está buscando que Venezuela sirva de garante en los diálogos con el Eln, es muy difícil que va a salir Colombia a condenarlos. Seguramente se abstendrá, frente a ambas resoluciones podrían abstenerse, lo que en ningún caso puede hacer es votar negativamente”

• Le puede interesar: Congreso pondrá la lupa para modificar la organización electoral

Razones del Congreso

La representante a la Cámara Érika Tatiana Sánchez Pinto, quien hace parte de la Comisión Segunda que se ocupa de relaciones internacionales, indicó a este Impreso que “solicité un debate de control político al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, frente a la ausencia de Colombia el 12 de agosto” en la audiencia del Consejo Permanente de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se votó una resolución en contra de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

Explicó que como consecuencia se hizo un “debate de control político a puerta cerrada, explicaron las razones de por qué Colombia no se hizo presente, pero el compromiso que tiene este Gobierno es de ratificar cualquier” resolución o declaración por hechos violatorios de derechos humanos.

“Colombia no puede estar ajena a no castigar crímenes de lesa humanidad, y más nosotros siendo un Estado social de derecho. Independientemente del restablecimiento de las relaciones que se estén dando con Venezuela, Colombia tiene que castigar cualquier situación de vulneración de derechos humanos, cualquier situación de dictadura, cualquier situación que atente contra la soberanía y que atente también contra la Carta Magna Derechos Universales”.