Si bien es cierto que Colombia tiene una de las legislaciones ambientales más amplias y modernas a nivel continental, incluyendo aquí los desarrollos jurisprudenciales y las decisiones de los jueces y Altas Cortes, también lo es que no en pocas ocasiones ese acumulado normativo se queda a medio camino, ya sea porque no se aplica con la rigurosidad del caso o porque los mandatos judiciales se cumplen parcialmente.

Una prueba de esto último es el campanazo que acaba de dar la Procuraduría General, cuyo titular es Gregorio Eljach, en cuanto a las inconsistencias en el cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, mediante la cual se reconoció al bioma del Amazonas como sujeto de derechos y, por lo tanto, se dejó a cargo del Estado y las entidades territoriales que integran dicha cuenca su protección, mantenimiento y restauración.

Sin embargo, ese fallo se encuentra en vilo, ya que como lo advirtiera la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, muchas de las entidades y responsables de esa misión no han actualizado la información sobre sus respectivas ejecutorias para recuperar la Amazonía, lo que dificulta hacer el seguimiento a todo el proceso de preservación.

Si bien en esta ocasión el Ministerio Público hizo otro llamado para que dichas instituciones pongan al día la información de gestión requerida, bien se podría proceder a abrir sendas indagaciones disciplinarias a los responsables de esta omisión frente a un fallo judicial. Esas pesquisas se justificarían aún más si se tiene en cuenta que algunas entidades no están cumpliendo con los requisitos de veracidad y oportunidad en sus reportes, ya sea porque continúan repitiendo información que corresponde a años anteriores o porque no se diligencia la totalidad de los datos. Una circunstancia claramente censurable, inaceptable y que exige correctivos de fondo.