Amparar infraestructura y movilidad en Bogotá | El Nuevo Siglo
El concejal de Bogotá, Javier Baena, interpuso recurso de nulidad contra decreto que suspendió giros de la nación por $1,5 billones para proyectos de infraestructura vial en la ciudad. /Foto @juanbaenam
Jueves, 27 de Febrero de 2025

Tal como lo habían advertido desde un principio la Alcaldía Distrital y múltiples expertos jurídicos, políticos, gremiales e institucionales, la decisión del gobierno Petro en cuanto a suspender los giros de la nación para los proyectos de la primera línea del Metro de Bogotá, la troncal de Transmilenio por la calle 13 y el Regiotram de Occidente, no tiene sustento legal claro.

Pese a que desde distintos sectores capitalinos se han elevado sendos derechos de petición ante ministerios y otras dependencias del alto gobierno, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta clara sobre el soporte jurídico del recorte de más de 1,5 billones de pesos a las obras de infraestructura en la capital del país.

Ante ello, se hace necesario acudir a instancias del contencioso administrativo para que se evalúe la legalidad del decreto 0069 de 2025 mediante el cual se aplazó el giro de esos recursos. De hecho, ya el concejal capitalino Juan Baena (Nuevo Liberalismo) interpuso una acción de nulidad contra dicho acto administrativo del Ministerio de Hacienda.

Los argumentos son sólidos: el convenio de cofinanciación para la primera línea del Metro se suscribió en 2017 y se debe respetar. No hacer los respectivos desembolsos vulnera normas constitucionales y legales, dando pie a pedir la nulidad del decreto por falsa motivación y violación de la Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública). Además, este incumplimiento contractual por parte de la Nación no previene el daño jurídico derivado, desconoce el principio de confianza legítima y configura una extralimitación del Poder Ejecutivo. También viola el principio de planeación presupuestal y vulnera el derecho a la movilidad y al desarrollo sostenible.

Esperemos que la justicia ampare los recursos para la infraestructura de transporte en Bogotá y señale al Gobierno nacional que no puede incumplir compromisos contractuales de forma caprichosa. Lo hemos reiterado: la crisis fiscal no se soluciona recortando inversión social sino acabando el gasto burocrático suntuario e injustificado.