Los colados en el sistema Transmilenio de la capital del país no solo son un problema económico, sino también de cultura ciudadana e incluso un riesgo vital y judicial, ya que las personas se exponen, de un lado, a ser atropelladas al tratar de ingresar de manera ilegal a las estaciones y buses y, de otro, quedan incursos en procesos de cobro coactivo por las multas impuestas a estos evasores.

A comienzos del año pasado se calculaba que no menos de 600.000 personas se colaban a diario en el sistema, lo que representaba una pérdida incluso superior a los 400.000 millones de pesos anuales, parte de los cuales son sufragados con dineros del Distrito, es decir de los contribuyentes.

Se estimaba que este sistema de transporte público masivo, en sus tres componentes, movilizaba a diario a más de cuatro millones de pasajeros, pero un 15,32% no pagaba el pasaje.

Sin embargo, genera optimismo lo afirmado por la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, en torno a que gracias a los nuevos mecanismos anticolados, la vigilancia policial y privada, así como a las campañas de pedagogía, el 2024 cerró con una disminución en el número de pasajeros que evaden el pago del pasaje. Se pasó de un 15,33% de evasión a 13,14%.

No hay que olvidar que entre menos pasajeros ingresen de manera ilegal, el billonario déficit del sistema bajará, llevando a que las tarifas se reajusten en menor proporción y el servicio tienda a mejorar, tanto en cobertura y seguridad como en comodidad y beneficios para los capitalinos.

Aunque hacia finales del tercer trimestre del año pasado ya se habían impuesto más de 174.000 comparendos por ingresar sin pagar al sistema, gran parte de estas multas no se cancelan. Y es claro que el objetivo no es un recaudo económico, sino la disuasión de la conducta ilícita.