¿A cuál de los candidatos le conviene el aplazamiento de la fecha para la elección del Fiscal General de la Nación en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia? Esa era la pregunta en los pasillos del Palacio de Justicia esta semana. Para algunos juristas y observadores, estando el exministro Néstor Humberto Martínez a tan solo dos votos de alcanzar los 16 apoyos, que es la mayoría calificada para ser elegido jefe del ente acusador, toda dilación va en contra de sus posibilidades. Sin embargo, otras fuentes judiciales consideran que no hay tal, porque en cada una de las tres salas ya está claro qué magistrados están respaldando a Martínez, cuáles al exministro Yesid Reyes y los pocos que están con Mónica Cifuentes. Incluso se dice que Martínez ya tendría los 16 votos si a la sesión del 11 de julio asisten los 22 magistrados que pueden votar.

¿Mejor que se quede?

Entre varios senadores ya hay una creciente certeza en torno a que el procurador Alejandro Ordóñez podría cumplir su periodo completo, que vence en enero próximo, ya que el proceso en contra de su reelección en el Consejo de Estado cada vez sufre más dilaciones e incluso generó ayer un fuerte enfrentamiento entre el alto tribunal y el jefe del ente de control. Hay parlamentarios que consideran que lo mejor que podría pasar es que no haya interinidad en la Procuraduría en un segundo semestre en donde es muy posible que tenga que votarse el plebiscito por la paz. Además, es claro que Ordóñez representa una corriente de opinión crítica del proceso de paz y sus criterios serán determinantes en los meses venideros para casos como las demandas contra el llamado “acto legislativo de paz” que fue firmado esta semana por los presidentes del Senado y Cámara, aunque sólo entrará en vigencia cuando se produzca la respectiva refrendación popular.

Nueva elección

Lo cierto es que el proceso para la definición de la sucesión del procurador Ordóñez comenzará una vez arranque la tercera legislatura, en julio próximo, de forma tal que hacia octubre o noviembre se pueda estar remitiendo la terna al Senado, una vez la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado definan sus postulados. Se sabe que ya hay varios candidatos que han adelantado lobby con algunos magistrados de los dos altos tribunales mencionados, en tanto que en el conservatismo siguen insistiendo en que uno de los suyos debe mantenerse como cabeza del Ministerio Público y que para asegurarse de ello debería ser el propio Santos el que postule al candidato azul y envíe así un mensaje político a las mayorías parlamentarias en el Senado.

Defensor del Pueblo

Y, por último, también le corresponderá al Congreso, más específicamente a la Cámara de Representantes, la escogencia del nuevo Defensor del Pueblo en esta nueva legislatura. Como se sabe, el cargo permanece vacante desde comienzos de año, luego de la renuncia de Jorge Armando Otálora en medio de un escándalo por presunto acoso sexual que si bien llegó a instancias de la Fiscalía, hasta el momento no ha tenido desarrollo en el flanco penal. Los liberales y La U pujan por la Defensoría, pero ese pulso depende de la definición de las mesas directivas del Congreso, el partido del nuevo titular de la Fiscalía y si habrá relevo ahora o en enero en la Procuraduría.