La segunda posesión de Alejandro Ordóñez como Procurador General -que debe cumplirse en la primera quincena de enero- se da en momentos en que el Ministerio Público tiene en la puerta del horno varias investigaciones que impactarán en el país. Según trascendió en los pasillos de la Procuraduría se alista un anuncio sobre uno de los escándalos de corrupción y desgreño administrativo más importantes de los últimos años y los involucrados serán de muy alto nivel. Aunque son varios los escenarios que se barajan respecto a cuál escándalo sería el que está en la mira, la mayoría de las hipótesis conducen a un mismo caso: las anomalías en la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad en liquidación, proceso que días atrás fue blanco de fuertes críticas de la Contraloría.

Veeduría minera

Y hablando de la Procuraduría, ahora que el Congreso, a partir de marzo, le empezaría a meter el diente al proyecto de reforma al Código Minero, se sabe que un grupo de veedurías y ONG les van a pedir a todos los senadores y representantes a la Cámara que pongan sobre la mesa cualquier tipo de relación familiar, comercial, económica o de cualquier otra índole con empresas o empresarios del sector minero-energético. La petición se hará vía “derecho de petición” y todas las respuestas se recopilarán en un informe que será, a su vez, puesto bajo la lupa de los investigadores para establecer en qué casos los congresistas tendrán que declararse impedidos para participar de los debates en comisiones y plenarias a uno de los proyectos más importantes y complejos del 2013.

Derechos de petición

Según trascendió en una fuente de una organización que hace veeduría a las actividades parlamentarias, “hay senadores y representantes que suelen hacerle esguinces a los derechos de petición, ya sea negándose a revelar la información solicitada, aduciendo que es privada y sólo puede ser requerida por autoridad oficial, o respondiendo con datos superficiales que no permiten establecer en qué casos hay conflictos de intereses y proceden los impedimentos…”. En estos casos, las ONG y las veedurías acudirán al procurador Ordóñez para que, en acción preventiva, intervenga y exija a las presidencias del Senado y la Cámara que le envíen la información respectiva, so pena de iniciar investigaciones de oficio a los parlamentarios que sigan renuentes a entregar dichos datos.

Lobby a granel

“… Lo que hemos podido recopilar hasta el momento es que hay parlamentarios que tienen parientes y allegados que están trabajando directa o indirectamente con las multinacionales o las empresas petroleras y mineras en las regiones… Estas se han convertido en las principales proveedoras de cargos bien remunerados en las regiones… Esas compañías siempre tratan de hacer contactos políticos con los dirigentes de la región y ubicar a sus allegados y recomendados es clave… También hay familiares de congresistas trabajando como contratistas o proveedores… Y hay familiares de congresistas que trabajan en gobernaciones y alcaldías y allí manejan temas de licencias y permisos a mineras y  petroleras… Es allí en donde debe tenerse cuidado para que los intereses particulares de algunos clanes políticos regionales no vayan a influir en los debates al Código Minero, que desde ya se sabe será uno de los proyectos que más lobby movilizará este año en el Congreso”, precisó uno de los voceros de la veeduría al Parlamento, que habló a condición de mantener su nombre en reserva.