El debate sobre la utilidad de la extradición en la lucha contra el narcotráfico y la reciente polémica por las bajas penas que están recibiendo en Estados Unidos algunos de los narcotraficantes entregados por Colombia a ese país, impactó ya en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según una fuente del alto tribunal, crecen las opiniones entre los magistrados en torno de que deben evaluarse con mayor rigurosidad aquellos casos en donde el potencial extraditado tiene más posibilidades de ser condenado a una pena más alta por la justicia colombiana por los delitos cometidos en nuestro país. 

El antecedente

“… No hay que olvidar que ya la Sala Penal en años anteriores advirtió en dos casos específicos en donde negó la extradición de narcoparamilitares a Estados Unidos, que si bien la extradición era un instrumento de cooperación judicial transnacional totalmente válido, el derecho de las víctimas y la obligación de imponer justicia eran prevalentes, y no siempre la extradición está garantizando el respeto a esa jerarquización de derechos… Eso se traduce en la posibilidad de una nueva línea jurisprudencial: que la Corte pueda entrar a analizar no sólo la parte formal de la petición de extradición sino el fondo del indicment, es decir, del expediente presentado por E.U., y sopesar en donde hay posibilidades de una aplicación más proporcional de justicia”, precisó la fuente judicial consultada.  

Roces politicos

Las relaciones entre dirigentes y parlamentarios de los partidos de La U y liberales no andan en su mejor momento. Incluso hay congresistas que sostienen que el llamado “partido de gobierno” debería propender por aclimatar una alianza de largo aliento con los conservadores, para evitar que en los de las toldas rojas continúen ganando espacio y protagonismo no sólo en el interior del Parlamento sino frente a la propia Casa de Nariño. Hay voces en La U que consideran que esa colectividad está fallando en hacer valer sus mayorías relativas en comisiones y plenarias. ¿Será?

Sí pero…

El proyecto de reforma tributaria ya está listo y debe ser presentado en los próximos días al Congreso. Sin embargo, hay algunos congresistas que consideran, calendario en mano, que sería bueno que el Gobierno analizara si lo mejor no sería aplazarlo para la próxima legislatura, toda vez que a la actual sólo le resta muy poco, sobre todo a la hora de contar los días hábiles y los tiempos que deben pasar entre debate y debate. La idea es que la iniciativa no se quede a medio camino y, sobre todo, que el receso legislativo le quite ritmo a la aprobación que tanto requiere el Ejecutivo. El ministro Juan Carlos Echeverry tiene la palabra.

Quietos en primera

No y no. Esa es la respuesta reiterada que han recibido de altas esferas gubernamentales varios parlamentarios de la coalición de la Unidad Nacional, cada vez que plantean la posibilidad de que el Gobierno entre a apoyar frontal y decididamente los proyectos y actos legislativos para recortar la autonomía del Banco de la República o, en su defecto, descargarle más responsabilidad en el manejo de indicadores macroeconómicos coyunturales. En la Casa de Nariño se considera que no es ‘políticamente correcto’ arriesgarse a un pulso tan duro, más aún si la inflación, el PIB y la política cambiaria no están en terrenos rojos.