Pese a que es una de las iniciativas más importantes dentro de la agenda legislativa prioritaria que presentó el Gobierno al Congreso la semana pasada, la fiebre futbolística por los partidos de la eliminatoria mundialista el viernes pasado le quitó eco a la radicación por parte de la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, de un proyecto que busca mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte en el país. De la corrección de una serie de anomalías en este campo dependerá que despeguen este año en forma los proyectos de construcción y concesión de obras bajo el sistema de Alianzas Público Privadas (APP).

Las barreras

Según explicó la funcionaria, la iniciativa es el resultado de un diagnóstico de los procesos que obstaculizan el tema de infraestructura y fue realizado por la Comisión de Expertos en Infraestructura, que comisionó el presidente Santos tiempo atrás. Entre esas barreras que impiden el buen desarrollo de los proyectos está lo relativo a los trámites para la compra de los predios, la infraestructura de redes de servicios públicos afectada o requerida por las obras, así como conflictos con permisos de explotación minera y el siempre complicado tema del licenciamiento ambiental.

Gremios alerta

Mientras que la Ministra insistió el viernes pasado que "estas reglas permitirán mejorar y optimizar los tiempos de expedición de los trámites ambientales, sin afectar la revisión detallada de las autoridades sobre los proyectos de infraestructura", se sabe que varios gremios de la construcción de obras públicas, agremiaciones de ingenieros y arquitectos así como aseguradoras y otros sectores interesados asistirán a los debates de la iniciativa, que arrancarán en la Comisión Sexta del Senado, para exponer sus respectivas posturas y pedir ajustes en el articulado.

Más drasticidad

Pero la cuestión va más allá. Un senador que conoce mucho del tema de régimen de contratación pública dijo el viernes a un periodista de EL NUEVO SIGLO que era necesario ser más drásticos con el tema de los predios para la construcción de proyectos de infraestructura de transporte. “… Si usted le pregunta a una firma de ingenieros que trabaje en este campo seguramente le va a decir que hay obras que llevan paradas dos a tres años porque hay predios que terminan enredados en intrincados procesos jurídicos debido a que el propietario se niega a venderlo o pide un alto precio por la respectiva enajenación… Además, de todos es conocido que hay verdaderos carteles detrás del encarecimiento de predios afectados por la construcción de autopistas…”, precisó el congresista, que pidió la reserva de su nombre.

Más rápido

Sin embargo, sobre punto específico de los predios, la iniciativa radicada por la Ministra el viernes pasado parece avanzar sustancialmente. Según esa cartera, hoy, cuando un proyecto de infraestructura de transporte necesita adquirir predios y no hay acuerdo con el propietario, la entrega del predio depende de un proceso jurídico engorroso que puede llegar a demorar hasta tres años. Si se aprueba esta Ley de Infraestructura, el Estado dispondrá de herramientas para asegurar la entrega y la disponibilidad inmediata del predio sin que se detenga la construcción de la obra, con fundamento en el principio de prevalencia del interés general sobre el particular pero sin disminuir las garantías a los propietarios en materia de pago justo y debido proceso.