Off the récord | El Nuevo Siglo
Miércoles, 3 de Mayo de 2017

En el Partido Conservador crecen las voces que consideran que debería hacerse un análisis profundo sobre la reforma al sistema agrícola que se va a tramitar al amparo del ‘fast track’, en esta segunda etapa de la implementación normativa en el acuerdo de paz con las Farc, que comienza esta semana. Según le dijo un senador de las toldas azules a un periodista de EL NUEVO SIGLO “…los conservadores hemos sido los defensores históricos de la propiedad privada, el campo y la reforma agraria equilibrada entre el respeto por el progreso individual y la capacidad de intervención del Estado para solucionar los desequilibrios sociales… No podemos permitir que por la vía rápida legislativa se imponga una reforma agraria que como corresponde al devenir histórico del país o que apunte a la propiedad colectiva del territorio, muy al estilo de lo que el chavismo ha hecho en Venezuela en la última década… No en vano la mayoría de los gremios del agro son de tradición conservadora y haremos válidos sus derechos en los proyectos que vienen, así eso implique negar algunos de los artículos de los proyectos para implementar el capítulo de desarrollo rural pactado con las Farc”.

Alerta de militares retirados 

Entre los altos mandos retirados de las Fuerzas Militares y la Policía en Colombia la crisis venezolana es vista desde distintos ángulos, empezando por la coincidencia del avance hacia un régimen dictatorial, la alta certeza de la complicidad del chavismo con la guerrilla colombiana y el temor fundado en torno a que en determinado momento el presidente Maduro, cada vez más acorralado por la oposición y la crisis económica y social, intente prender un escenario de tensión bélica con nuestro país, como válvula de escape a la sinsalida de su Gobierno y en espera de que un pico de anticolombianismo le sirva para distraer la creciente oposición a su permanencia en el poder. Incluso, algunos excomandantes de fuerza en Colombia consideran que el gobierno Santos debería evaluar de forma profunda este riesgo y proyectar una estrategia de reacción política, diplomática y de prevención militar al respecto. 

Los dilemas uribistas

Las encuestas siguen generando todo tipo de reacciones, sobre todo en el uribismo en donde se considera que sus rubros en los sondeos de opinión, que muestran posibilidades políticas y electorales para el próximo año nada halagüeñas, no se pueden considerar fiables mientras no se defina qué va a pasar con la precandidatura de Oscar Iván Zuluaga. Incluso algunos congresistas y dirigentes partidarios de este último han considerado que el expresidente Uribe debería sentarse con todos sus posibles precandidatos y delinear una especie de reglamento sobre cómo adelantar la precampaña, dejando en claro que no se puede descartar a Zuluaga, a quien se le daría máximo hasta el tercer trimestre para que defina su situación jurídica y política. 

¿Y las horas extras nocturnas?

Cada vez termina siendo más evidente, según el concepto que prima en los corrillos parlamentarios, que no hay unidad de criterio en el gobierno Santos respecto al proyecto que reforma la jornada laboral nocturna, que ya no empezaría a las diez de la noche sino a las ocho. Se dice entre los congresistas que el Ejecutivo, desde tiempos del ministro Luis Eduardo Garzón y luego con Clara López, había expresado su respaldo cerrado a la iniciativa, pero que ahora otros ministros del equipo económico consideran que no está dado el escenario para una reforma de este corte que impactaría el costo de la nómina de muchas empresas y, por ende, dificultaría la posibilidad de seguir luchando contra un desempleo. Se sabe, por igual, que los gremios económicos siguen considerando que no es momento para una reforma de este corte y que, por el contrario, el Ejecutivo debería ser claro con el Congreso y ‘darse la pela’ de acabar con esta expectativa, sin importar el costo político que ello tenga.