La próxima semana sólo le quedarán al presidente Juan Manuel Santos once meses de mandato, pues tendrá que entregar el poder el 7 de agosto de 2018. Por lo mismo, en fuentes palaciegas se asegura que ya la nómina ministerial no se va a mover faltando tan poco tiempo para terminar el periodo, salvo lo que tiene que ver con el relevo en la cartera de Agricultura, pues Aurelio Iragorri sería el nuevo timonel de La U. Esto significa, entonces, que tanto la canciller María Ángela Holguín como la titular de Cultura, Mariana Garcés, apuntan a marcar un record en materia de permanencia en el gabinete: ocho años ininterrumpidos.
Descartada emergencia en frontera
Por más que en el Congreso muchas voces estén a favor de que el Gobierno declare en la zona de frontera con Venezuela un estado de emergencia económica, social y ambiental, lo cierto es que esa opción está totalmente descartada por el momento. El Ejecutivo considera no solo que siendo una crisis que lleva tantos meses agravándose lenta pero progresivamente sería difícil ‘venderle’ a la Corte Constitucional le tesis de que se trata de un hecho sobreviniente. Por otra parte, el Gobierno considera que la emergencia que se declaró en esa región en septiembre de 2015, luego de que el gobierno Maduro cerrara la frontera y expulsara a más de 2.000 colombianos, forzando el desplazamiento de 15 mil más, no tuvo mayor resultado positivo, sobre todo porque las medidas cortoplacistas poco sirven para afrontar problemáticas estructurales.
Maduro y el banquillo de la CPI (I)
En la oposición venezolana consideran que el próximo y duro golpe que desde el exterior se le dará al presidente Nicolás Maduro vendrá por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) que podría estar abriendo una investigación preliminar contra el polémico mandatario. No hay que olvidar que en julio pasado un grupo de parlamentarios de Colombia y Chile denunció a Maduro ante la fiscalía de la Corte, por incurrir presuntamente en "comisión de crímenes de derecho internacional" como asesinatos, deportación o traslados forzosos, encarcelamientos y privaciones injustas de la libertad, tortura, persecución de un grupo o colectividad específica, y desaparición forzada. Pero antes de esta demanda, hay otras instauradas por los mismos hechos incluso años atrás y ninguna ha progresado.
Maduro y el banquillo de la CPI (II)
Aunque algunos expertos en materia de justicia internacional consideraron en su momento que difícilmente una causa como esta progresaría en el corto plazo, en la oposición venezolana sostienen que la CPI estaría sentando un nuevo precedente con el caso de Maduro, bajo la tesis de que las más de 100 muertes de los últimos meses en medio de protestas y otras graves violaciones de los derechos humanos facultan a ese alto tribunal a proceder, sobre todo porque la justicia interna venezolana está politizada y no es garante de castigo a los culpables.
Maduro y el banquillo de la CPI (III)
Sin embargo, por más que los críticos de Maduro a nivel interno y externo digan que el presidente venezolano terminará más temprano que tarde en un banquillo, lo cierto es que ese país latinoamericano no reconoce a la CPI. Además, el antecedente del juicio, una década atrás, al expresidente de Serbia, Slobodan Milosevic, por el genocidio de más de ocho mil bosnios en la guerra de comienzos de los años 90 en los territorios de la antigua Yugoeslavia, no puede calcarse para el caso Maduro. Pero hay quienes confían en que la reciente decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de contratar al exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para analizar el caso venezolano y establecer si uno o varios países elevan una demanda contra Maduro ante el alto tribunal, abre la esperanza de que ahora sí funcione esta estrategia.