En el Partido Conservador hay varias voces que consideran que la problemática en que está envuelto el presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Hernán Andrade, está demorando la decisión sobre la estrategia electoral tanto para Congreso como para la Presidencia. De allí que haya quienes insistan en que el senador huilense tiene que dar un paso al costado y facilitar no solo la definición de esas reglas de juego para la campaña sino, primordialmente, que su particular situación jurídica no afecte la imagen de un partido que quiere poner la lucha contra la corrupción como su principal bandera electoral. De allí que se continúe insistiendo en que Andrade, luego ser ratificado la semana pasada en la presidencia del Directorio, ahora se sienta en libertad de dimitir y dejar que otro integrante de la cúpula azul asuma la responsabilidad de liderar la campaña conservadora sin ningún tipo de cuestionamiento encima, más allá de que Andrade insista en que no ha incurrido en ninguna anomalía y que el fallo de la Corte Suprema que lo absolvió fue totalmente transparente.
Salvavidas a la reforma
La decisión del Gobierno de colgarle al proyecto de reforma política y electoral la resurrección del Tribunal de Aforados fue calificada por varios congresistas como una jugada muy hábil por parte del Ministerio del Interior, ya que por esa vía se le lanzó un importante salvavidas a una iniciativa que estaba al borde del abismo y que es claro que tiene a varias bancadas en contra. “…Ese fue un cabezazo, ya que a qué partido se le ocurrirá ahora, en medio de la crisis de corrupción en la justicia, irse en contra del Tribunal de Aforados… Los partidos que querían tumbar el proyecto de reforma política o adelgazarlo y postergar su aplicación para el 2019 o el 2022 ya tienen ahora menos margen de acción y el Gobierno lo sabe… Como dicen en mi tierra, al Gobierno, con esta crisis de corrupción en la Corte (Suprema), se le apareció la virgen”, dijo un senador de La U, que pidió la reserva de su nombre.
Alerta empresarial por seguridad jurídica
El empresariado está muy preocupado por los efectos de varias decisiones judiciales que han afectado la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Colombia. El fallo de un laudo arbitral que condenó a un millonario pago al Estado por parte de las empresas de telefonía celular, la intervención con fines de liquidación de Electricaribe, los títulos mineros y petroleros que están quedando en vilo por las consultas populares en varios municipios, entre otros, ya estarían siendo analizados por las firmas calificadoras de riesgo por sus implicaciones en materia de seguridad jurídica.
Maduro contraatacará
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tendría lista una estrategia para contratacar a los ejes de presión internacional contra su régimen. Según se lo indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO un exdiplomático colombiano en Caracas, el chavismo habría contratado a expertos abogados internacionales para denunciar a los presidentes de varias naciones americanas y europeas ante la propia Corte Penal Internacional bajo la tesis de que estarían prestando apoyo a los grupos de oposición en Venezuela que, en sus protestas de los últimos meses, habrían causado decenas de muertes y propiciado, además, sanciones económicas al país que han llevado a aumentar la crisis humanitaria y alimentaria. Vea pues.
Las Bacrim ya habían asomado
En el gobierno Santos no es la primera vez que las bandas criminales buscan un acercamiento con el Ejecutivo y la Fiscalía para analizar una ruta de sometimiento a la justicia bajo determinadas y especiales condiciones jurídicas. “… En la Fiscalía de Montealegre también se trabajó sobre ese tema, en medio del proceso de paz con las Farc, pero el asunto nunca se concretó”, precisó un alto funcionario judicial que conoció de cerca esos acercamientos.
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