La designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ha generado una controversia de marca mayor no solo en las redes sociales sino en distintos sectores políticos en donde las posturas conocidas del excandidato presidencial sobre temas de género, familia, política de paz, derechos humanos y otros asuntos de alto impacto tienen tantos detractores como opositores. Incluso al interior del Centro Democrático hay opiniones divididas entre quienes consideran que el presidente Iván Duque fue leal al designar a Ordóñez en una embajada de primer nivel, en tanto que otros advierten que al exprocurador se le pudo enviar a otra delegación diplomática, pero no precisamente a una que tiene relación directa con el sistema interamericano de derechos humanos (es decir, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), cuyas jurisprudencias chocan con varios de los criterios personales y políticos de Ordóñez.

Ordóñez, OEA y Petro

Por ejemplo, se recuerda que en sus tiempos de Procurador, cuando destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por las anomalías en el cambio de modelo de recolección de  basuras, fue precisamente la CIDH la que profirió medidas cautelares a favor del Burgomaestre, bajo la tesis, sustentada en el Pacto de San José, que erige la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en torno a que los funcionarios de elección popular no pueden ser sacados de su cargo por decisiones de carácter administrativo sino por sentencias judiciales plenamente ejecutoriadas. Petro terminó volviendo al cargo en virtud de esas medidas cautelares y luego el Consejo de Estado lo salvó definitivamente. “…Un embajador en la OEA se la pasa la mitad del tiempo en la CIDH y en la CIH revisando las demandas contra el Estado colombiano”, recordó un exdiplomático.

Ordóñez, OEA y Carrillo

Aunque muchos criticaron las decisiones de Ordóñez contra Petro, catalogándolas de estar motivadas políticamente y de incluso haberle dado el ‘papayazo’ de posicionarse políticamente y sustentar su futura aspiración presidencial, lo cierto es que hay otros sectores que consideran que fueron acertadas y que prueba de ello es que otras entidades de control también emitieron sanciones en su contra. Y respecto a si, más allá del caso Petro, puede o no sancionar a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, es claro que el actual titular del ente de control disciplinario Fernando Carrillo es de la misma tesis en torno a que no se le puede cercenar esta facultad a la institución. Incluso recientemente, al anunciar proyectos de ley para combatir la corrupción, Carrillo Flórez advirtió que de llegar a prosperar el cuestionamiento sobre la facultad disciplinaria que tiene la entidad para suspender y sancionar alcaldes y gobernadores, “es mejor irse de la Procuraduría”.

Ordóñez, OEA y Duque

Sin embargo, quienes defienden la designación de Ordóñez en la OEA consideran que sus críticos olvidan que los embajadores no desempeñan una labor en la que tienen que defender o exponer sus posturas personales, sino que representan y llevan la vocería y defensa de las tesis gubernamentales, más aún en un tema tan delicado y vertical como la política internacional. Bajo esa tesis, se prevé que Ordóñez sabrá dejar de lado sus particulares posturas políticas e ideológicas, para privilegiar en su tarea diplomática los criterios que dicten tanto la Cancillería como la Casa de Nariño. Traen a colación lo que ha pasado en gobiernos recientes en donde rivales y hasta críticos del Presidente de turno fueron, luego, designados en embajadas de primer nivel y una vez allí no se salieron del libreto gubernamental ni generaron choques de trenes entre posturas personales e institucionales.