Un anhelo incumplido

Un año atrás el entonces presidente Juan Manuel Santos pronosticaba el pronto final de la banda criminal conocida como “Clan del Golfo”, debido al abatimiento por parte de la Fuerza Pública de Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, segundo al mando de esa estructura delictiva. Se sabía entonces que una de las obsesiones del Jefe de Estado era la captura o neutralización de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla de la banda criminal. Sin embargo, aunque en los meses siguientes se le asestaron los más duros golpes al ‘Clan del Golfo’, lo cierto es que terminó el gobierno Santos sin que hubiera humo blanco al respecto. Incluso, aunque en la antesala de entrega del poder, en julio pasado, el saliente Presidente sancionó la ley que permite el sometimiento colectivo a la Ley de las bandas criminales e inclusive se dijo que ‘Otoniel’ estaba listo para acogerse a la norma, luego se conoció que a las Bacrim no les gustó esa norma y no hay acercamientos todavía con la Fiscalía ni con el gobierno Duque.

Santos-Gaviria: altibajos políticos

Y hablando de hechos un año atrás, un atinado observador político traía a colación cómo las relaciones entre los máximos dirigentes del país cambian de una forma dramática en cuestión de semanas o meses, más aún cuando están de por medio los pulsos electorales. Por ejemplo, el 1 de septiembre de 2017 el entonces presidente Santos entregaba al expresidente Gaviria la distinción a la libre competencia económica, que se otorgaba por primera vez bajo el nombre del empresario antioqueño Hernando Agudelo Villa. “Quién más indicado para recibirla que usted”, le expresó el entonces Jefe del Estado al expresidente. Paradójicamente apenas unos meses después Gaviria, ya como jefe único de las toldas liberales, se iba ‘lanza en ristre’ contra Santos acusándolo, en medio del arranque de la campaña presidencial, de no actuar con imparcialidad en la contienda y estar favoreciendo, por debajo de cuerda, a otro aspirante a la Casa de Nariño. De igual manera, ‘le dio palo’ a la gestión gubernamental. Desde entonces, las relaciones políticas entre ambos quedaron muy tensas.

Septiembre, clave en paz

Las paradojas de la vida no dejan de sorprender. Fue en septiembre de 2012 cuando, ante la expectativa y sorpresa de todo el país, que el entonces presidente Santos anunció las bases del acuerdo marco con la guerrilla de las Farc que daba inicio a las largas y accidentadas negociaciones de paz que culminaron en el segundo semestre de 2016 con la firma del acuerdo de La Habana. Y también fue en un mes de septiembre, pero del año pasado, cuando se anunció, esta vez desde Quito, que las delegaciones negociadoras del Gobierno y el Eln habían llegado a un acuerdo para un cese el fuego bilateral y temporal que comenzaría en octubre de ese año y terminaría el 9 de enero pasado. Y ahora, también en septiembre, la próxima semana vence el plazo de un mes que el presidente Duque dio para evaluar el ritmo de las tratativas con esa guerrilla en Cuba, con el fin de tomar una decisión sobre su continuidad o no, incluso con nuevos condicionamientos, como la renuncia al secuestro.

Comisión de Aforados: dura de aprobar

Y para terminar con hechos que ocurrieron un año atrás pero hoy siguen presentes en el escenario, se recuerda que a comienzos de septiembre de 2017 el gobierno Santos radicó una reforma constitucional que proponía crear una Comisión de Aforados encargada de investigar y acusar a los magistrados de las altas Cortes, incluyendo los de la Justicia Especial de Paz, y al Fiscal General de la Nación. Esa comisión independiente estaría conformada por cinco magistrados elegidos por el Congreso en pleno, de ternas presentadas por las mejores universidades del país. La iniciativa -que se había discutido en la recortada reforma de equilibrio de poderes- no progresó tampoco esta vez. Coincidencialmente Cambio Radical acaba de radicar un proyecto de reforma a la justicia proponiendo, otra vez, crear la Comisión de Aforados. ¿La tercera será la vencida?