Off the record | El Nuevo Siglo
Foto archivo Anadolu
Sábado, 27 de Abril de 2019
Redacción Política

Amenazas de disidencias

 

Hay alerta en algunos sectores del uribismo por las versiones que circulan en distintas  regiones en torno a que las disidencias de las Farc estarían alistando una ‘estrategia’ para vetar a los candidatos del Centro Democrático e impedirles que puedan hacer campaña de cara a los comicios de octubre. Una alta fuente del principal partido de gobierno le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que algunos aspirantes ya han denunciado intimidaciones en varias regiones, tanto de disidencias de las Farc como de guerrilleros del Eln y otros actores armados ilegales. La idea es propiciar una reunión en próximos días con autoridades gubernamentales del nivel departamental y municipal para analizar los niveles de riesgo de algunos aspirantes y las medidas de seguridad que se les podrían implementar para que puedan adelantar sus actividades proselitistas.

 

Castigo por omisión

 

Tras lo ocurrido el pasado fin de semana en zona rural de Rosas (Cauca), en donde un deslave se llevó por delante una decena de viviendas, causando la muerte a 33 personas, un grupo de parlamentarios estaría pensando en tramitar un proyecto de ley que reformaría el Código Penal para crear un delito que castigue a los funcionarios públicos que, por acción u omisión, no cumplan con los planes y medidas que sean ordenadas para reubicar o disminuir el nivel de riesgo de población en zonas de peligro de desastre por contingencias climáticas, geológicas o de otra índole. “…No más tragedias anunciadas… Lo que pasó en Rosas es una prueba de que las fallas y omisiones de los funcionarios se pagan con vidas… Hay que crear un tipo penal específico y taxativo para castigar a quienes no actúan a tiempo para proteger a la población…”, precisó uno de los parlamentarios. La iniciativa sería presentada a partir de la segunda legislatura.

 

Emisor no manejaría el oro

 

La posibilidad de que el Banco de la República reasuma el monopolio en la compra y venta de oro, tal como se lo solicitó días atrás el fiscal general Néstor Humberto Martínez al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no es muy alta. Según trascendió en el alto gobierno se considera que sí es necesario aumentar la capacidad del Estado para controlar la alta explotación y comercialización ilegal del metal precioso, pero se piensa que el Emisor no tiene la infraestructura para encargarse de un tema tan complejo en el día de hoy, al punto que según el ente acusador en los últimos años no menos de $10 billones habrían sido lavados por los comercializadores ilegales. Por esa razón se estaría evaluando crear una entidad que se encargue del tema y que debería estar adscrita al Ministerio de Minas y Energía, pero trabajando en llave con la Fiscalía, la UIAF y otras instituciones.

 

Tras ‘Otoniel’ sin tregua

 

La persecución contra Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo, no se detiene. El bloque de búsqueda encabezado por la Policía que le sigue los pasos desde hace más de tres años sigue golpeando a todo nivel esa estructura criminal pero nada que dan con el paradero de su jefe, que se ha convertido en el objetivo de mayor valor para la Fuerza Pública. Aunque meses atrás circuló la versión de que ‘Otoniel’ habría huido a Panamá u otra nación en Centroamérica, las autoridades colombianas no lo creen así e incluso aseguran que esas versiones las ha puesto a circular la propia organización criminal con el ánimo de despistar al bloque de búsqueda, que lo persigue selva adentro en el todo el noroccidente del país. Otra versión que ubicaba al cabecilla en Venezuela también fue desestimada, precisamente porque en ese país varios de sus antiguos y actuales enemigos en el competido mundo de las ‘Bacrim’ se han escondido.