Cuestión de poder

“… Tiene más poder un alcalde que un representante a la Cámara, o un gobernador que un senador”. Esa fue la respuesta que le dio un parlamentario a un periodista de EL NUEVO SIGLO cuando le preguntó sobre qué sentido tenía el artículo que se aprobó en segundo debate en el proyecto de reforma política según el cual a los congresistas se les permitirá candidatizarse a cargos de elección popular, acabando así con la premisa de dedicación exclusiva de los integrantes del Legislativo. También se está reformando aquí la norma constitucional que establecía que ningún servidor público de elección popular podía postularse a un cargo que se cruzara con el periodo institucional del primero. “… No estoy de acuerdo con ese artículo de la reforma, pero las mayorías del Senado creyeron lo contrario”, sostuvo.

La “peluqueada”

Sin embargo, la misma fuente dijo que “… no hay que acelerarse en sacar conclusiones sobre esta reforma… Apenas vamos en el segundo debate y faltan seis, dos antes del 20 de diciembre y otros cuatro desde marzo del año entrante… En cuestión de reformas políticas siempre es lo mismo: en los debates de primera vuelta le cuelgan artículos de todo y para todo, como si fuera un arbolito de navidad… Pero cuando llega la segunda vuelta, los partidos se enserian y empiezan a quitar lo que no les conviene… Pasó en los gobiernos Uribe, Santos y Duque, y va a pasar en este también. Se lo aseguro: la peluqueada del proyecto será a fondo, sobre todo por la cercanía de las elecciones regionales y locales…”.

No la tocarían

La procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro, en una reunión semanas atrás, habían acordado que cualquier reforma al Ministerio Público sería analizada por ambas partes antes de presentarla al Congreso. Como se sabe, el Gobierno quiere aplicar un cambio de fondo a la Procuraduría, incluso pasándola a ser una dependencia anticorrupción de la Fiscalía. Este acto legislativo no se ha presentado, aunque ya avanzan proyectos que le quitan la capacidad sancionatoria a la entidad con respecto a los funcionarios de elección popular, acorde con los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Trascendió en altas fuentes gubernamentales que la reforma drástica a la Procuraduría no sería llevada al Congreso, porque partidos como La U y conservadores, que hacen parte de la coalición de gobierno petrista, le dijeron a la Casa de Nariño que no apoyarían acabar con la entidad de control disciplinario.

¿Y el Ministerio?

Crece la inquietud al interior del Pacto Histórico en torno a cuándo llegará al Congreso el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad, que es una de las bases del compromiso político y electoral entre el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Para varios parlamentarios, la demora en esta radicación no se entiende, más aún cuando ya se sabe que la base de la nueva cartera sería el Departamento de Prosperidad Social. Un senador de la coalición petrista sostuvo que “… la demora se justifica, porque lo que se quiere es que el proyecto no diga simplemente ‘créese el Ministerio de Igualdad’ y que luego haya que tramitar una ley reglamentaria… Lo que se busca es que sea un proyecto completo, integral, que señale facultades, competencias, planta de personal, presupuesto e incluso jerarquización en materia de delegación ministerial de facultades presidenciales… Eso no se hace de un día para otro…”.

Razón básica

La misma fuente parlamentaria indicó que “… he escuchado a algunos colegas de bancada preguntando por qué no están los recursos del Ministerio de la Igualdad provisionados en el Presupuesto General para 2023… La respuesta es muy sencilla: la cartera no existe y no se le pueden asignar partidas… Pero ese no es un tema grave… Solo hay que revisar lo que pasó en el gobierno Duque cuando se crearon los ministerios de Deporte y de Ciencia y Tecnología”.