¿Detectores de armas?
A raíz de la tragedia que se generó la semana pasada, tras el asesinato de un menor de 15 años en Transmilenio, un parlamentario de la bancada de Bogotá le encargó a uno de sus asesores que investigara la viabilidad de un eventual proyecto de ley que obligue a los sistemas de transporte masivo articulado a instalar en sus estaciones equipos de alta tecnología para detectar pasajeros que porten armas de fuego, cortopunzantes u otros elementos contundentes que puedan ser usados como armas. Sin embargo, las primeras indagaciones no fueron muy positivas. Esta clase de equipos, como los que se están instalando en escuelas y preparatorias de Estados Unidos para prevenir tiroteos, tienen un alto costo y, además, demoraría en forma sustancial el ingreso de los pasajeros a los sistemas.
¿Y los controles?
A comienzos de este mes el Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2023-2024, por un monto de $31,3 billones, cifra equivalente a 2,1% del PIB. Desde ya están prendidas las alertas en varias bancadas porque no ven que el Ejecutivo haya presentado iniciativas de ley para asegurar que estos cuantiosos recursos no terminen en manos de redes de corrupción y carteles de contratación. “… En pleno año electoral debería estarse anunciando ya cómo se apretará el control a la inversión en los territorios de más de 29 billones… Creo que el Ejecutivo se está pasando de ingenuo… En la campaña se prometió un nuevo sistema de control y no veo nada de eso… Hay tres billones, ojo tres billones de pesos, para financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, que es un rubro en donde hay mucho malgasto de recursos y corrupción”, dijo un parlamentario, que pidió la reserva de su nombre.
Recuperar la plata
Agregó la misma fuente que “echándole un ojo” al articulado encontró que se están destinando más de 3,4 billones de pesos para financiar, dentro de la llamada política de “paz total”, proyectos y programas en los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. “… Me parece bien que se continúe con la inversión en los 170 municipios PDET, no solo porque es un mandato constitucional por el acuerdo de paz, sino porque allí está concentrada la desigualdad y el desamparo estatal… Lo que quisiera ver es al presidente Petro pidiéndole al fiscal Francisco Barbosa y a la procuradora Margarita Cabello, ambos exaltos funcionarios de Duque, que digan qué pasó con la plata embolatada de los OCAD-Paz durante el pasado mandato… Eso no puede quedar impune y hay que recuperar la plata…”, puntualizó.
¿Ad-hoc para caso OCAD-Paz?
Pero la cuestión no terminaría ahí. Trascendió que algunos senadores y representantes a la Cámara de la coalición de izquierda han señalado que podría pedirse al presidente Gustavo Petro que solicite de manera formal la designación de un fiscal general y una procuradora ad hoc para que investiguen el escándalo de los OCAD-Paz, bajo la tesis de que tanto Barbosa como Cabello fueron altos funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque, y desde la Casa de Nariño se tomaron múltiples decisiones sobre la inversión billonaria de recursos que hoy no está nada clara.
Con aspiraciones
En los corrillos políticos aseguran que los alcaldes de Bogotá, Claudia López, y de Medellín, Daniel Quintero, tendrían aspiraciones presidenciales para 2026 y que desde ya se nota algún tipo de competencia y recelo entre esos dos dirigentes que están a un año y tres meses de terminar sus respectivos periodos. Se dice que el mandatario antioqueño es más cercano al presidente Petro mientras que con López el Jefe de Estado ha tenido roces.